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Suprema ratificó sanción que obliga el pago de compensaciones a clientes por apagón en marzo de 2010
Publicado por: Poder Judicial
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La Corte Suprema ratificó que las empresas distribuidoras Chilectra y Empresa Eléctrica Colina deben pagar compensaciones a sus clientes por la interrupción de servicio el 14 de marzo de 2010.

En fallo un√°nime, los ministros de la Tercera Sala del m√°ximo tribunal -Sergio Mu√Īoz, H√©ctor Carre√Īo, Pedro Pierry, Sonia Araneda y Mar√≠a Eugenia Sandoval- rechazaron el recurso de reclamaci√≥n presentado por ambas empresas en contra de la sanci√≥n que les aplic√≥ la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) por el apag√≥n.

La sentencia determina que la SEC tiene las atribuciones para ordenar el pago de compensaciones a los clientes de las empresas distribuidoras de energía, y que no es necesario que se encuentren terminadas las investigaciones de las causas del apagón para resolver las sanciones.

‚ÄúQue como es posible advertir del claro tenor de la referida norma legal, el mecanismo de compensaci√≥n que ella prev√© s√≥lo exige que la interrupci√≥n o suspensi√≥n no haya sido autorizada por la ley o el reglamento. Si se trata entonces de un corte no autorizado, el precepto expresamente ordena que las compensaciones se abonar√°n de inmediato al usuario, quedando a salvo el derecho del concesionario de repetir en contra de los terceros responsables de la falla. A su vez, la norma prescribe que las empresas concesionarias proceder√°n al pago de estas compensaciones ‚Äėsin perjuicio de las sanciones que correspondan‚Äô‚ÄĚ, dice el fallo.

La resoluci√≥n agrega que ‚Äúde lo expuesto se colige que la circunstancia de no encontrarse concluidos los procedimientos administrativos sancionatorios incoados con motivo de estos mismos hechos no constituye un impedimento para que la Superintendencia del ramo hubiere instruido a las actoras a iniciar los c√°lculos necesarios para determinar las compensaciones a pagar a sus clientes, descontando las cantidades resultantes en la facturaci√≥n m√°s pr√≥xima‚ÄĚ.

Adem√°s, se sostiene que ‚Äúen cuanto a la alegaci√≥n de la recurrentes de que en el evento que en el proceso investigativo se demostrara que la interrupci√≥n obedeci√≥ a un caso fortuito o fuerza mayor y, por tanto, no cabr√≠a hablar de interrupci√≥n no autorizada ‚Äďseg√ļn el razonamiento de las actoras-, cabe se√Īalar que no se ha aportado ning√ļn antecedente de que se hubiere planteado como defensa de las empresas concesionarias que esta interrupci√≥n fuese irresistible o imprevisible, o que hubieren solicitado a la autoridad que sea calificada como fuerza mayor. De este modo, dicho argumento carece de sustento y no puede ser considerado‚ÄĚ.

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