Una veeduría internacional, coordinada por el inhabilitado juez español Baltasar Garzón, presentó un primer informe sobre el proceso de reforma de la justicia en Ecuador que se inició en 2011, informó el sábado el Consejo de la Judicatura (que regula el sistema judicial).
Agregó que la comisión que vigila el proceso de reestructuración judicial entregó el viernes un documento a las autoridades ecuatorianas, que hace 56 recomendaciones sobre cooperación interinstitucional, selección de jueces y modelo de gestión.
Además, la veeduría detectó fallas en la evaluación de 5.456 funcionarios judiciales.
“Estamos dando sugerencias y son los organismos competentes quienes deberán tomar la decisión de aceptar o no estas recomendaciones”, expreso Garzón.
Las reformas en el sistema de justicia de Ecuador, promovidas por gobierno socialista del presidente Rafael Correa y que se extenderán hasta 2013, abrirán unas 2.900 vacantes que deberán ser cubiertas de manera inmediata, de acuerdo con el informe.
Un segundo documento deberá ser presentado en agosto y el informe final el 15 de diciembre próximo, de acuerdo con el Consejo de la Judicatura.
Garzón se mantiene como coordinador de la veeduría a pesar de que en febrero fue condenado por el Tribunal Supremo español a 11 años de inhabilitación por vulnerar el derecho a la defensa al ordenar escuchas en prisión entre detenidos y sus abogados, en una investigación sobre una presunta red de corrupción que en 2009 implicó a altos cargos de la derecha española.
El miércoles, Garzón -célebre por haber mandado detener al ex dictador chileno Augusto Pinochet en 1998 en Londres por violación de los derechos humanos- presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional de su país por un veredicto que considera “arbitrario” y “manifiestamente injusto”, según un comunicado de sus abogados.
Ecuador cumple la reforma en su sistema judicial desde hace nueve meses, que prevé inversiones en infraestructura y tecnología y el aumento del número de jueces, en el marco del cual fueron terminadas 1,7 millones de causas pendientes, de un total de 2,6 millones inventariados al inicio del proceso.
