La primera petrolera española, Repsol, consideró este lunes “ilícita y gravemente discriminatoria” la expropiación parcial por parte del gobierno argentino de su filial YPF, y anunció que tomará “todas las medidas legales que procedan” para salvaguardar sus intereses y los de sus accionistas.
“Repsol considera que la medida anunciada es manifiestamente ilícita y gravemente discriminatoria, que no se ha justificado de forma alguna la utilidad pública que se persigue con la misma y que supone un patente incumplimiento de las obligaciones asumidas por el Estado argentino en la privatización de YPF”, denunció la compañía en un comunicado a las autoridades bursátiles españolas.
Repsol considera que el gobierno argentino ha decidido expropiar un 51% de YPF “violando así los más fundamentales principios de seguridad jurídica y de confianza de la comunidad internacional”, reservándose las medidas a tomar contra esa iniciativa.
“Repsol llevará a cabo todas las medidas legales que procedan para preservar el valor de todos sus activos y los intereses de todos sus accionistas”, añadió el comunicado de la petrolera.
La primera petrolera española, cuyo presidente Antoni Brufau tiene previsto dar una rueda de prensa a primera hora de la mañana del martes, es el accionista mayoritario de YPF, de la que posee el 57,4%, que a finales de 2011 tenía un valor de 4.122 millones de euros.
La reacción de la compañía española llega inmediatamente después de que el gobierno español considerara la expropiación parcial de YPF como una “decisión hostil”, anunciando también una serie de medidas de represalia que se irán detallando en los próximos días.
La presidenta argentina Cristina Kirchner envió este lunes al Congreso un proyecto de ley para declarar de utilidad pública un 51% de YPF.
La iniciativa establece que “de las acciones sujetas a expropiación (51%), el 51% pertenecerá al Estado nacional y el 49% restante se distribuirá entre las provincias integrantes de la organización de estados productores de hidrocarburos”, indicó el texto distribuido por el Gobierno argentino en Buenos Aires.
