La ciudad de La Paz estuvo paralizada este viernes por pacíficas marchas de centenares de jubilados, trabajadores de la salud, cultivadores de caña y víctimas de las dictaduras militares en Bolivia, por reclamos separados, constató la AFP.
Los jubilados reclaman la ejecución “del proyecto de reestructuración de (la estatal) Caja Nacional de Salud”, que está “paralizado desde hace tres meses, perjudicando a la familia asegurada”, afirmó el dirigente del sector Mamerto Goycochea, que comandó una masiva marcha de protesta.
El proyecto, explicó, permitirá dar mayores facilidades en la atención sanitaria a los empleados estatales jubilados.
Otra marcha la protagonizaron campesinos cultivadores de caña que llegaron a La Paz desde el sur de Bolivia a principios de semana para pedirle al gobierno cumplir su compromiso y su decreto para construir una fábrica industrializadora de azúcar en el departamento de Tarija.
La ministra de Planificación, Teresa Morales, aseguró que “el gobierno no autorizará la construcción, porque el proyecto es inviable” y aclaró que el decreto de hace cuatro años se aprobó sobre información inconsistente de producción.
Trabajadores de la salud también salieron a marchar por céntricas avenidas de la capital, en rechazo a un decreto gubernamental que obligará a médicos y empleados sanitarios públicos a ampliar la jornada laboral de 6 a 8 horas.
Otro grupo, la Unión Nacional de Víctimas Políticas, también realizó caminatas, exigiendo al gobierno el cumplimiento de un decreto para resarcir económicamente a las víctimas de las dictaduras militares, en las décadas del 60, 70 y 80 del siglo pasado.
Unas 2.600 personas se declararon víctimas de cárcel, exilio o persecución, pero sólo 1.653 fueron reconocidas como tales por el Poder Ejecutivo y otras 800 están en observación.
El monto de la indemnización oscila entre los 60 y 300 salarios mínimos nacionales. Cada salario mínimo es del equivale a 117 dólares. El Poder Ejecutivo dijo que carece de fondos.