El diputado DC, Jorge Burgos, ofició a la Contraloría General para que solicite a la Cancillería el informe de la investigación que debió realizar este ministerio al embajador chileno en Argentina, Adolfo Zaldívar, en virtud de sus conductas y declaraciones políticas y del pronunciamiento emitido por el órgano contralor en agosto.
A juicio del diputado, las conductas de Zaldívar se alejarían de lo establecido por la ley de probidad administrativa y prescindencia política respecto de los embajadores y funcionarios que estarían impedidos de desarrollar actividades políticas y de emitir opiniones de este tipo.
Burgos explicó que en el mes de agosto la Contraloría emitió un pronunciamiento señalando con claridad que “corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores velar por el cumplimiento de los deberes expuestos, procediendo a investigar su eventual trasgresión”.
“Atendida la demora del informe de la Cancillería, pido al Contralor que solicite al ministerio respectivo el informe de la investigación que debió realizarse y si se aplicaron o no sanciones considerando los resultados del procedimiento interno”, sentenció.
En el oficio que el legislador envió en agosto junto a su par Juan Carlos Latorre (DC) se especifica que “si un embajador participa en actividades políticas en el país, el asunto es particularmente grave” y agrega que “como funcionario público, el embajador está sujeto a las reglas de probidad administrativa”.
