La justicia española condenó el viernes al líder vasco Arnaldo Otegi a 10 años de cárcel por intento de reconstrucir en 2009 la dirección de Batasuna, partido independentista ilegalizado en España por ser considerado el brazo político de la organización armada ETA.
Otegi, de 53 años, se encuentra en prisión preventiva desde octubre de 2009 en relación con este caso, tras haber sido detenido el 13 de octubre de ese año junto a otros cuatro militantes vascos sospechosos de haber tratado de reconstruir la dirección de Batasuna.
Entre los detenidos figuraba también el secretario general del sindicato independentista vaco LAB, Rafel Díez Usabiaga, uno de las figuras históricas del movimiento separatista, que también fue condenado el viernes a diez años de prisión por la Audiencia Nacional, principal instancia penal española.
Otras dos militantes detenidas ese día, Sonia Jacinto y Miren Zabaleta, hija de Patxi Zabaleta -líder del partido independentista no vilento Aralar-, fueron condenadas a ocho años de cárcel.
El partido radical vasco Batasuna está ilegalizado en España desde 2003, debido a sus lazos con la organización armada independentista vasca ETA.
Otegi fue uno de los principales artífices del proceso de negociación abortado de 2006-2007 entre ETA y el gobierno español.
El líder vasco ya ha sido juzgado en el pasado en relación con otros casos y había sido encarcelado en 2007, después de la ruptura oficial de la negociación, en virtud de una condena a 15 meses de prisión por apología del terrorismo. Fue puesto en libertad a finales de agosto de 2008.
Considerada organización terrorista por la Unión Europea y Estados Unidos, ETA es responsable de la muerte de 829 personas en más de 40 años de atentados por la independencia del País Vasco.
Muy debilitada por los duros golpes policiales, la organización armada lleva desde agosto de 2009 sin cometer atentados en territorio español.
El 5 de septiembre del año pasado, ETA anunció haber tomado “la decisión de no llevar a cabo acciones armadas ofensivas”. Posteriormente, el 10 de enero, anunció “un alto el fuego permanente y de carácter general, que puede ser verificado por la comunidad internacional”.
Sin embargo, en ningún momento se refirió a una posible entrega de armas o disolución.