Unas 1.300 personas participaron este domingo en una marcha en la capital mexicana contra un proyecto de ley de seguridad que se discute en el Congreso, según estimaciones de la policía.

“No más san sangre”, “Alto a la guerra, no a la ley de Seguridad Nacional”, “México ama y ora por la paz”, eran algunas de las pancartas que portaban los activistas, que recorrieron la avenida Reforma, la más importante de la Ciudad de México, hasta la residencia presidencial de Los Pinos, de donde partieron al Senado.

Los manifestantes forman parte del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, encabezado por el poeta Javier Sicilia, padre de un joven torturado y asesinado por narcotraficantes en marzo.

El movimiento se formó en mayo pasado para protestar contra la violencia derivada del narcotráfico y de los operativos de las fuerzas de seguridad.

“Estimamos que son unas 1.300 personas” las que tomaron parte de la manifestación, dijo a la AFP un portavoz de la policía capitalina.

La propuesta de ley, presentada originalmente por el presidente Felipe Calderón, busca entre otras cosas modificar el artículo 89 de la Constitución mexicana, referente a las facultades que tiene el Ejecutivo para disponer de las Fuerzas Armadas para defender la seguridad interior y exterior.

En la actualidad ese artículo constitucional carece de un marco legal que establezca los límites para usar a los militares.

“Nuestra posición sobre la Ley de Seguridad Nacional no sólo es irreductible, sino que pugnará por crear una ley de seguridad ciudadana que tome en cuenta a la gente”, afirmó Sicilia afuera del Senado, donde concluyó la marcha.

El poeta dijo que el próximo miércoles el movimiento iniciará un diálogo con los legisladores sobre el proyecto de ley.

Los activistas se oponen al proyecto bajo el argumento de que podría darle demasiadas concesiones al Ejército y de que cualquier gobernador podría llamarlo. Hasta ahora sólo el Ejecutivo federal tiene ese poder.

Unos 50.000 soldados salieron de sus cuarteles en diciembre de 2006 para enfrentar la creciente violencia que ejercen los cárteles de la droga en México y que ha dejado un saldo de más de 41.000 muertos desde entonces, según conteos oficiales y de prensa.