El gobierno peruano promulgó el sábado cinco leyes, entre ellas la revocatoria de una concesión a una minera canadiense, de cara a atender los reclamos de las violentas protestas en Puno (sureste) donde murieron cinco campesinos el viernes.
Las leyes fueron publicadas en la gaceta oficial El Peruano y recogen en lo esencial los reclamos de los manifestantes de la etnia aymara de Puno, en la frontera con Bolivia, y de campesinos quechuas al norte de esa región peruana.
Una de las leyes suspende la concesión a la minera canadiense Bear Creek, que solicitó autorización para adquirir siete derechos mineros en la zona de frontera con Bolivia.
La primer ministro, Rosario Fernández, dijo que estas nuevas leyes dan solución a las demandas antimineras de la población de Puno, en declaraciones citadas por la agencia estatal Andina.
El gobierno también anunció la prohibición de actividades mineras informales en el norte de Puno, en Azángaro, donde la extracción de oro contamina los ríos y afecta los cultivos de los campesinos que viven principalmente de la agricultura.
Las nuevas leyes contemplan la suspensión de la admisión de petitorios mineros en todo Puno por un plazo de 36 meses.
Además resolvió la aplicación de una consulta popular en cumplimiento del Convenio 169 de la Organziación Internacional del Trabajo (OIT), como condición al inicio de faenas mineras en esa región que es una de las más pobres de Perú.
La protesta en Puno, que se inició a fines de mayo, se tiñó de sangre el viernes cuando 5 campesinos murieron y 30 quedaron heridos cuando la policía disparó contra más de un millar de manifestantes que intentaron tomar a la fuerza el aeropuerto de Juliaca.
La violencia en esta región de mayoría indígena se produce a un mes del cambio de mando presidencial en Perú el 28 de julio, cuando asuma el nacionalista Ollanta Humala en reemplazo de Alan García.
