El gobierno argentino enfrenta este lunes una ofensiva de la oposición que criticó en bloque la pasividad oficial tras una protesta sindical que impidió el domingo la salida del influyente diario Clarín, a siete meses de las elecciones presidenciales.
La heterogénea oposición cuestionó al gobierno de Cristina Kirchner por no garantizar la libertad de expresión ante una protesta gremial que bloqueó el domingo la distribución de Clarín y, por algunas horas, de La Nación, los dos diarios de mayor difusión en Argentina y críticos de la mandataria.
Es la primera vez en sus 65 años de historia que un bloqueo sindical impide la salida de Clarín un día domingo, el día de mayor difusión del periódico, denunció el matutino, que este lunes a modo de protesta publicó una portada en blanco, sólo con su habitual logotipo.
Diputados opositores se reunían este lunes para acordar la presentación de una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por “ataques contra las libertades de prensa y expresión”, anticipó a la AFP el diputado del peronismo opositor, Gustavo Ferrari.
También se reclamará “la interpelación parlamentaria de la ministra de Seguridad, Nilda Garré, por incumplir una orden judicial que ordena la utilización de la fuerza pública para evitar” el bloqueo de la planta impresora del diario, añadió Ferrari, uno de los impulsores de la iniciativa.
Los manifestantes defendieron la protesta al considerar que los directivos de Clarín no garantizan la libertad sindical, mientras el diario atribuyó el bloqueo a que el domingo publicó una nota de investigación sobre un supuesto crecimiento patrimonial desmedido del líder de la poderosa central gremial CGT, Hugo Moyano, un aliado del gobierno.
“Ellos dicen que violamos la ley (con el bloqueo a la planta impresora del matutino) por no dejar salir el diario y nosotros les decimos que hace más de 8 años que Clarín viene violando las leyes laborales, con persecución a los delegados sindicales”, dijo el delegado sindical de la empresa, Alejandro Rivero.
Ante la reacción de sectores políticos y comunicadores críticos del gobierno, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, dijo que la presidenta Kirchner le ordenó que el conflicto “se resuelva lo más rápido y claramente posible en el día de hoy (lunes)”.
“Este conflicto es de larga data. Tuvimos que extremar las medidas para que la empresa reincorpore a los delegados”, añadió el ministro.
A nivel internacional, el director de Libertad de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Ricardo Trotti, calificó el bloqueo de “una flagrante violación a la libertad de prensa”.
El conflicto se produce cuando todos los posibles candidatos de la oposición para las presidenciales de octubre próximo están rezagados en las encuestas ante una eventual reelección de la presidenta Kirchner, quien aún no definió si buscará renovar su mandato de cuatro años.
Clarín mantiene un fuerte enfrentamiento con el gobierno de Kirchner. El gobierno canceló en 2010 la licencia de la firma Fibertel, del grupo Clarín, que brinda servicios de internet a un millón de usuarios, sobre un total de 4,2 millones, aunque el servicio continúa por un amparo judicial.
Un año antes, Kirchner le quitó al grupo Clarín la licencia exclusiva de transmisión por paga de partidos del fútbol argentino y se la transfirió a la televisión pública.
