El gobierno de Barack Obama mejoró el trato a los inmigrantes ilegales en Estados Unidos, pero no lo suficiente, y éstos siguen sujetos a vejaciones, estimó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en un informe divulgado este jueves.
El extenso informe de la CIDH, realizado luego de visitas a seis centros de detención de migrantes y entrevistas con funcionarios, expertos, detenidos y familiares, da cuenta de condiciones precarias de inmigrantes detenidos, falta de acceso a abogados y capturas discriminatorias basadas en la raza.
“Hemos visto una cierta evolución con respecto al tratamiento de migrantes bajo la actual administración, pero nos parece que es todavía claramente insuficiente”, dijo en teleconferencia el presidente de la CIDH, Felipe González.
Estados Unidos tiene el patrón de someter a detención a los inmigrantes sin documentos, lo cual debería ser una excepción en casos de estricta necesidad, y las personas reciben un trato como si estuvieran “imputadas por delitos penales cuando en realidad no se trata” de esa situación, dijo González.
La CIDH considera “preocupante la ausencia de un sistema de detención auténticamente civil, con las condiciones generales compatibles con la dignidad y el trato humano”.
El gobierno de Barack Obama ha ratificado que su política es la de enfocarse en la detención y deportación de indocumentados que representen un peligro para la sociedad, lo que incluso le ha valido críticas de la oposición republicana que considera que es laxo en el cumplimiento de las normas migratorias.
Casi once millones de inmigrantes ilegales viven en Estados Unidos.
El gobierno de Obama facilitó las visitas a los centros de detenciones, que fueron obstaculizadas por su antecesor George W. Bush, reconoció la CIDH. “Hemos visto cierto cambio”, dijo González.
Los centros de detención visitados en 2010 están ubicados en los estados de Arizona y Texas, fronterizos con México.
La Comisión no pudo concretar en cambio una visita a la cárcel del condado de Maricopa en Arizona, que maneja el sheriff Joe Arpaio, conocido desde hace años por sus masivas redadas en plena calle contra indocumentados, lamentó González.
La CIDH prometió dar un seguimiento “de manera intensa” al tema para forzar “un cambio en la política” de Washington.
Estados Unidos generalmente alega que se le dificulta cumplir las recomendaciones por su sistema de gobierno federal, pero la Comisión afirma que un país debe honrar sus obligaciones sin “oponer las regulaciones internas como excusa”.
Según el informe, el gobierno federal trabaja con contratistas privados que manejan centros de detención, sin la debida supervisión, por lo que las condiciones en esas facilidades son precarias.
Sólo 16% de los inmigrantes detenidos tiene representación legal y los niños, enfermos mentales y otras personas sin capacidad para defenderse por sí mismos no tienen la debida ayuda, según la Comisión, entidad de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que vigila los derechos humanos.
Los detenidos no reciben adecuada asistencia médica ni alimentación, indicó.
La oficina de inmigración y aduanas (ICE) no garantiza que sus socios estatales y locales eviten utilizar “disposiciones migratorias de manera discriminatoria recurriendo al uso de perfiles raciales” y que usen “la supuesta investigación de delitos” para detener indocumentados, dijo la CIDH.
A finales de marzo, la CIDH sostendrá una audiencia sobre la detención y deportación de los inmigrantes durante la cual escuchará a varias organizaciones defensoras de derechos humanos y al gobierno estadounidense.
