Hace unas semanas, los alimentos han sido protagonistas en reiteradas noticias. Cuesta justificar que la incorporación materias primas contaminadas con pesticida en colados no afectará la salud de bebés de meses de edad o la de incluir en helados una mayor proporción de sal y grasa a la declarada, menospreciando los contundentes estudios chilenos sobre los niveles alarmantes de consumo de sal –más del doble (12 gr.) de lo recomendado (5 gr.) al día- y de sobrepeso u obesidad, más del 65% de la población.
Imagen: Kriss Szkurlatowski en stock.xchng
Ingenuo sería creer que estas situaciones correspondan a errores, omisiones o fallas puntuales de control de calidad o producción sino, so riesgo de equívoco, más bien debería sospecharse de frías, sistemáticas, alevosas e intencionadas decisiones gerenciales que, de paso, dejaron en el basurero los valores y principios éticos empresariales.
¿Será que los consumidores quedamos a merced de esas eventuales decisiones inescrupulosas, difíciles de detectar dada la problemática actual que tienen los organismos estatales para fiscalizar y asegurar la calidad e inocuidad de los alimentos?
Una investigación realizada en Concepción por mis estudiantes universitarios en diciembre recién pasado, arrojó que los consumidores, al buscar calidad en un alimento, más del 61% de las personas se fijan en la marca; un 21% lo hace en el precio y un 18% de los encuestados lo hace por las etiquetas.
Desde la perspectiva del marketing, lo anterior tiene sentido y se condice con los esfuerzos que hacen las empresas, como organizaciones, y los gerentes, como administradores, por mejorar el posicionamiento de su marca y su participación en ventas dentro del mercado.
A su vez, las empresas alimentarias saben que una persona, como individuo, al momento de comprar, debe confiar ciegamente en lo que las etiquetas indican pues poco y nada puede hacer para verificar que lo declarado efectivamente se cumple.
De hecho, la lectura de las etiquetas de los productos está felizmente incorporada a nuestro comportamiento como consumidor: más del 75% de las personas encuestadas respondieron leerlas antes de su decisión de compra, revisando primeramente la fecha de vencimiento, seguido de los ingredientes, y luego los aportes nutricionales, las mujeres, y el fabricante, los varones.
Consecuentemente, la responsabilidad de los organismos estatales en el control de la inocuidad de los alimentos y la fiscalización de las empresas alimentarias es crítica y fundamental. Perentorio resulta el impulsar una actualización a las normas, reglamentos, aumentando sustantiva y de manera ejemplificadora las sanciones y multas a los infractores, acercándonos a organismos como la FDA de Estados Unidos y a reglamentos como el Codex Alimentarius, de la Unión Europea.
Peligroso sería confiar que el mercado -por si mismo- podría regular y cuidarse de abyectas decisiones productivas que buscan abaratar costos y maximizar utilidades despreciando la salud de sus propios consumidores.
Las empresas deben comprender que la responsabilidad social empresarial no son sólo loables donaciones para la Teletón u otra institución, sino es para con todos sus clientes y todos los días del año.
Confiamos que, por una parte, el Estado, a través de los distintos organismos, seguirá cumpliendo su obligación de fiscalización, aplicando el máximo rigor permitido, sin relativizar las sanciones conforme a la importancia de la empresa comprometida, respondiendo apropiadamente a su deber para con la salud de la población y, por otra, que las empresas sancionadas tomarán las medidas pertinentes para asegurar la calidad e inocuidad de sus productos alimenticios de manera que sus marcas no se vean castigadas con lo único que el consumidor puede hacer: dejar de comprar sus productos.
Dr. Arnold Schirmer
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