Luego que 6 carabineros de la 50º Comisaría de San Joaquín fueran dados de baja por maltratos psicológicos contra un civil, la Dirección General de Carabineros lamentó lo sucedido y decidió intervenir esta unidad policial y relevar al mayor a cargo.
El director general de Carabineros, Eduardo Gordon, manifestó su molestia y rechazo al maltrato psicológico contra un detenido y por el consumo de cierta sustancia aún indeterminada. Por los hechos fueron removidos 2 tenientes, 2 subtenientes y 2 cabos.
La situación fue denunciada a través de una grabación de video filmado por un teléfono celular perteneciente al subteniente Reinaldo Soto, y que fue recibida por Canal 13, donde se observa a un adulto, presumiblemente indigente, siendo humillado por los oficiales, amenazándolo de muerte, lo que para el propio ministro del Interior significó una violación a los derechos humanos.
Esta es parte del audio de la grabación:
El general Gordon, junto con pedir disculpas al agredido, anunció fuertes medidas hacia la Comisaría de San Joaquín, relevando del cargo al jefe de la unidad, el mayor Jorge Antonio González, por su responsabilidad en las irregularidades cometidas.
Los exonerados son los tenientes Enrique Bravo Méndez y Reinaldo Soto Saavedra; los subtenientes Hernán González Macaya y Ricardo Olivero Carrasco, y los cabos segundos René Cárdenas Gacitúa y José Quilodrán Sanhueza.
Los ex uniformados están en calidad de detenidos a disposición de la justicia militar bajo cargos de “vejación injusta” y “amenaza con armas de fuego”, además del proceso en los juzgados civiles, que ya han recibido la primera denuncia, quedando el fiscal Héctor Barros a cargo de la indagatoria.
El general Gordon señaló además que a través de los departamentos especializados se investiga cuál es el producto que en la grabación los funcionarios aparecen inhalando. La autoridad de Carabineros informó además que se analizará en profundidad el proceso de admisión de estos funcionarios, para determinar si existió alguna falencia.
Se espera que esta tarde que los oficiales y los cabo dados de baja, sean presentados a la Fiscalía Militar para iniciar la investigación.