Preocupación existe entre las agrupaciones de fiscales y de defensores penales, ante las presiones que estaría sufriendo el Ministerio Público por parte del Gobierno, para obtener resultados en el caso bombas.
Esta situación surge luego de que el fiscal nacional, Sabas Chahuán, decidiera remover al jefe de la Zona Oriente, Xavier Armendáriz, de la indagatoria que busca determinar a los responsables de los 84 ataques explosivos que se han registrado en Santiago, desde junio del año 2005.
Al respecto, la presidenta de la Asociación de Fiscales, Patricia Muñoz, calificó como “inadmisible” que el Gobierno intervenga en las decisiones del ente persecutor, para llevar adelante una investigación penal.
Recordemos que la decisión del fiscal nacional surgió, según él, por la necesidad de redistribuir las causas complejas que mantiene Armendáriz, para entregarle el caso a su homólogo de la Zona Sur, Alejandro Peña.
Pese a ello, las mayores críticas surgieron tras los dichos del ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, quien aseguró que la decisión de Sabas Chahuán iba “en la misma línea que he venido planteando en las últimas semanas”.
Situación que también preocupa a los defensores penales públicos, ya que según explicó su presidente, Gonzalo Rodríguez, son lamentables las señales que ha dado el Ejecutivo al presionar al Ministerio Público por obtener resultados.
La desición de remover al fiscal Armendáriz, surgió luego del bombazo que destruyó los ventanales de una sucursal de BancoEstado del sector San Damián, en Las Condes.
Desde que se inició esta investigación, la causa ha estado en manos de 4 fiscales, entre ellos, Xavier Armendáriz; el jefe de La Florida, Rodrigo Lazo; el jefe de Pudahuel, Emiliano Arias, y el fiscal de la Zona Oriente, Francisco Jacir, todas investigaciones con escasos resultados.
