Los diputados de la bancada UDI que integran la comisión de Economía de la Cámara Baja, Hotuiti Teao y Marco Antonio Sulantay, solicitaron al Consejo de Defensa del Estado (CDE) que evalúe presentar una querella a raíz del lapidario informe que la Contraloría General de la República (CGR) dio a conocer este miércoles sobre el Censo de 2024.
El ente fiscalizador reveló una serie de irregularidades cometidas por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) durante la realización del Censo 2024, entre ellas haber contratado a personas con diversos antecedentes penales y a extranjeros que tenían prohibido trabajar en el país.
En el detalle, el organismo detectó que un total de 16 personas con antecedentes por estafa, robo, hurto, lesiones y tráfico de drogas fueron contratadas como censistas, al igual que 14 extranjeros que estaban inhabilitados para trabajar en Chile.
Diputados UDI piden al CDE querellarse tras informe de la CGR que expuso a censistas con antecedentes
Entre estos últimos, cinco de ellos correspondían a exresidentes definitivos o temporales, mientras que uno, incluso, tenía una orden de expulsión vigente.
Cabe resaltar que lo que motivó a la Contraloría a derivar los antecedentes al Ministerio Público fue la identificación de 267 personas que, mientras prestaban servicios al INE para la ejecución del Censo, estaban simultáneamente contratadas en otras instituciones públicas.
Asimismo, el organismo también reveló que una exasesora participó como experta en la comisión evaluadora de una licitación por $1.700 millones, pese a ser representante legal de una de las empresas intervinientes.
Por estos motivos, además de los otros antecedentes que se dieron a conocer, los parlamentarios de la UDI decidieron poner el caso en conocimiento del CDE.
Esto, solicitando que pueda iniciar todas las acciones que tenga a su alcance -incluida la presentación de una querella– con el fin de perseguir las responsabilidades que pudieran existir, además de buscar la restitución de los recursos involucrados.
“Resulta absolutamente inaceptable que en un proceso de esta envergadura se hayan vulnerado controles tan básicos, como los filtros que deben aplicarse al momento de seleccionar al personal, permitiendo el ingreso de personas con antecedentes penales e, incluso, extranjeros que no estaban habilitados para trabajar o que mantenían órdenes de expulsión vigentes”, cuestionaron Teao y Sulantay.
“Ese nivel de improvisación y de negligencia es intolerable y, por lo mismo, exige que se persigan todas las responsabilidades penales y administrativas que pudieran existir”, añadieron.
En palabras de los legisladores, “la existencia de funcionarios con doble contratación en el Estado y los posibles conflictos de interés en licitaciones ameritan no sólo que la Fiscalía realice una investigación exhaustiva, sino también que el Consejo de Defensa del Estado evalúe la presentación de querellas“.
En este contexto, los integrantes de la bancada gremialista también apuntaron contra la gestión de Nicolás Grau, quien era precisamente el ministro de Economía cuando se realizó el Censo 2024 en el país.
“Aquí hubo decisiones que se tomaron en el Gobierno anterior y que deben ser explicadas por las autoridades a cargo, como el exministro Grau, quien no puede desentenderse de lo ocurrido dado el rol que le correspondía en la ejecución del Censo 2024”, criticaron.
“No estamos ante errores administrativos menores, sino que frente a situaciones graves que pudieron haberse evitado con una adecuada supervisión. Por lo mismo, es indispensable que se asuman las responsabilidades que correspondan, porque lo que está en cuestionamiento es el uso de los recursos de todos los chilenos”, sentenciaron.
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