Hoy cerca del 20% de la población tiene 60 años o más y, en las próximas décadas, una de cada tres personas pertenecerá a este grupo etario. Este no es un dato demográfico menor. Es una transformación estructural que exige repensar, con urgencia y profundidad, cómo organizamos nuestra sociedad.
Envejecer bien no es un privilegio. Es un derecho. Y ese derecho depende de condiciones concretas: salud, ingresos, vínculos sociales, participación comunitaria y, de manera fundamental, un lugar estable donde vivir.
La realidad de muchas personas mayores en Chile hoy es distinta a la de generaciones anteriores. Cada vez son más las personas mayores que viven solas, allegadas o arrendatarias en condiciones precarias, destinando una porción significativa de sus ingresos al pago del arriendo, en muchos casos contando solo con la pensión garantizada universal para el arriendo de una pieza.
Este problema no es solo habitacional, repercute también en la salud física y mental, alimentación y dignidad de las personas. Una vivienda insegura es la puerta de entrada a la precariedad en todas sus formas.
Frente a este escenario, la política pública no puede responder con una sola herramienta.
En su primera Cuenta Pública, el presidente José Antonio Kast planteó el objetivo de que Chile vuelva a ser un país de propietarios. Valoramos el objetivo del gobierno de promover el acceso a la vivienda propia. Es una aspiración legítima y compartida que puede generar estabilidad y movilidad social.
Sin embargo, la evidencia es clara y cada vez más contundente: una parte importante de las personas mayores ya no cuenta con capacidad de ahorro, acceso a crédito ni posibilidad de esperar 5 años o más a la entrega de una vivienda en propiedad. Para ellas, la propiedad no es una meta alcanzable; es una promesa que llega tarde. ¿Qué ocurrirá con quienes ya no pueden acceder a una vivienda en propiedad?
Durante las últimas décadas han surgido respuestas concretas y oportunas para esta realidad. El Subsidio de Arriendo para Personas Mayores, los proyectos de arriendo protegido, los Condominios de Vivienda Tutelada, las iniciativas de Cohousing y las Unidades de Convivencia de Senama son herramientas complementarias para quienes necesitan estabilidad y seguridad habitacional hoy, en esta etapa de su vida. Descartarlas empobrece nuestras políticas públicas.
La reciente promulgación de la Ley Integral de Personas Mayores abre una oportunidad que no podemos desaprovechar. Esta ley no es solo una declaración de principios: es un mandato explícito del Estado chileno para garantizar condiciones de vida dignas a sus ciudadanos mayores, en todas las dimensiones de su bienestar.
Implementar esta ley con seriedad implica, necesariamente, ampliar el repertorio de soluciones habitacionales disponibles y no reducirlo.
Para vejeces diversas se requieren diversidad de soluciones, no uniformidad de respuestas.
Necesitamos políticas públicas que reconozcan que envejecer en Chile puede y debe ocurrir con dignidad, lo que comienza con un lugar donde vivir, independiente de si se tiene o no un título de propiedad.
Fundación Alcanzable
Fundación Cohousing
Centro Gerópolis
Fundación Revivir
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