IA y derecho: la responsabilidad no se delega

La reciente decisión de la Corte Suprema, que sancionó disciplinariamente a una abogada por incorporar citas doctrinarias inexistentes en un recurso judicial, abre una discusión que va mucho más allá del caso concreto. La pregunta relevante no es si la profesional utilizó inteligencia artificial, sino si se preocupó de formarse para utilizarla correctamente.

La inteligencia artificial ya forma parte del trabajo jurídico cotidiano. La pregunta no es si los abogados deben utilizarla, sino si han sido formados para hacerlo bajo estándares de rigor, verificación y responsabilidad profesional.

El desafío de las facultades de derecho y de los abogados que ejercerán la profesión no es resistirse a la tecnología, sino aprender a utilizarla para quiénes ya ejercen y enseñar a las facultades de derecho trabajar con ella.

En este contexto, toda carrera de derecho debería asegurar una alfabetización digital mínima. Esto supone comprender que la IA no reemplaza el juicio profesional y que toda información generada por estas herramientas debe ser contrastada antes de ser utilizada. El abogado actual debe dominar un método de trabajo que combine productividad tecnológica con control humano.

La regla es simple: la IA puede ayudar a producir información, pero la responsabilidad de validarla sigue siendo exclusivamente del profesional.

Sin embargo, existe una segunda lección que resulta aún más importante. Mientras más avanzan las herramientas digitales, más necesario se vuelve fortalecer la formación analógica. Leer doctrina, conocer autores, comprender las distintas disciplinas jurídicas y desarrollar pensamiento crítico siguen siendo capacidades insustituibles.

Lo ocurrido revela un doble error profesional. El primero consiste en construir un recurso judicial sin una revisión efectiva de las fuentes utilizadas, delegando en exceso una tarea que corresponde al abogado. El segundo es aún más preocupante: evidenciar un insuficiente conocimiento jurídico al atribuir una obra inexistente a uno de los ministros que integraba la sala que resolvería el asunto. No se trata simplemente de una cita errónea. Se trata de una falla en la selección, validación y comprensión de las fuentes jurídicas que sustentan una argumentación profesional.

La enseñanza jurídica enfrenta así un desafío decisivo. Debemos formar abogados capaces de utilizar inteligencia artificial de manera eficiente, pero también profesionales con la cultura jurídica suficiente para seleccionar fuentes y no delegar esta tarea en la IA. Porque en una profesión basada en la confianza, la tecnología puede asistir; la responsabilidad sigue siendo humana.

Sebastián Bozzo
Decano
Facultad de Derecho, Universidad Autónoma de Chile

Ricardo Torres
Secretario
Facultad de Derecho, Universidad Autónoma de Chile