La gobernadora de Arizona, Jan Brewer, promulgó el viernes una versión enmendada de la dura ley migratoria que desató un debate a nivel nacional en Estados Unidos, en un giro destinado a refutar las acusaciones de que promueve la discriminación racial, pero sin restarle el poder a la Policía para confirmar la residencia legal en el país.
La polémica ley de inmigración que firmó la gobernadora republicana la semana pasada fue cambiada la madrugada del jueves en una parte que abría la posibilidad a que la Policía detuviera a cualquier transeúnte en la vía pública para pedirle documentos que confirmen su condición migratoria.
“Estos cambios responden específicamente a los cuestionamientos legales manifestados por aquellos que temen que el texto original pueda legalizar o facilitar el prejuicio racial”, aseguró Brewer en un comunicado.
“Estas nuevas enmiendas demuestran de la manera más clara e incuestionable que el prejuicio racial es ilegal y no será tolerado en Arizona”, agregó.
Para los opositores a la ley, se trata de modificaciones irrelevantes puesto que la esencia que indignó a la comunidad hispana siguen allí: la Policía puede confirmar la situación migratoria de las personas en el país en base a “sospechas razonables”.
A nivel federal solo los agentes de la Agencia de Inmigración y Aduanas pueden controlar la legalidad de los residentes en el país.
El proyecto de ley original decía que la Policía podía determinar el estatuto migratorio de una persona durante cualquier “contacto con la autoridad”.
Ahora establece que un individuo será cuestionado sobre su legalidad en el país después de que “sea parado, detenido o arrestado”, lo cual supone que la Policía debería hacer estos interrogatorio solo en una situación de presunto delito.
Otro cambio en el texto de la ley es que decía que las autoridades del estado “no pueden únicamente considerar la raza, el color o el origen de nacionalidad al implementar los requerimientos” de esta legislación.
En la nueva versión borraron la palabra “únicamente” para prohibir a los oficiales que se use la raza como un motivo para aplicar la ley.
Pero los activistas de los derechos civiles dijeron que los cambios no garantizan que no se aplique el prejuicio racial con esta ley.
“Solo porque la legislación dice que el prejuicio racial no está permitido, no es que no vaya a pasar”, dijo a la AFP el director legal de la Unión por los derechos Civiles de America (ACLU) Dan Pochoda.