Dos sostenedores y un director de escuela en La Araucanía fueron condenados por estafar al fisco con subvenciones escolares al entregar información falsa, principalmente al dar cuenta de un número mayor de alumnos matriculados y asistentes que el real.

Ambas condenas por delitos de estafa al fisco superan los 26 millones de pesos, por subvenciones escolares gestionadas fraudulentamente por directores y sostenedores de escuelas de las comunas de Carahue y Saavedra.

La investigación, que estuvo a cargo del fiscal de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía de Temuco, Cristián Crisosto, se originó en una denuncia que presentó la Seremi de Educación hace aproximadamente un año, en la cual comunicaron diversos casos de colegios con doble matricula en la región.

En uno de los ilícitos, el director de la Escuela Particular Eusebio Lillo N°334, de Carahue, René Torres Millar, con la complicidad del sostenedor del establecimiento René Torres Sepúlveda, adulteró durante los años 2006 y 2007 los libros de asistencia a clase, entregando de esta forma al Ministerio de Educación información falsa consistente en un número mayor de alumnos matriculados y asistentes que el real, solicitando el pago de la subvención respectiva. De este modo, estafó al fisco en más de 17 millones de pesos.

Ambos imputados aceptaron los hechos contenidos en la acusación, y fueron condenados en un procedimiento abreviado por su participación como autor y cómplice en el delito de estafa al fisco, a de 541 de presidio y multa de 20 UTM, aproximadamente 737 mil pesos, y 61 días de presidio y multa de 11 UTM, mas de 405 mil pesos, respectivamente.

En otro procedimiento abreviado, la Fiscalía logró la condena de María Sonia Pavez Cortés, quien durante los años 2006 y 2007, en el ejercicio de funciones de directora y sostenedora de la Escuela Particular 348 Ausgusto Winter de Saavedra, estafó al fisco en una suma superior a los 7 millones de pesos, con subvenciones escolares gestionadas con información falsa.

Fue sentenciada a la pena de 300 días de presidio, suspensión de cargo u oficio público y pago de una multa de 11 UTM, más de 405 mil pesos.