Por los delitos de explotación sexual infantil, producción y almacenamiento de material pornográfico de menores fue reformalizado el sacerdote Ricardo Muñoz Quinteros, párroco de Melipilla y que ya permanecía en prisión preventiva desde el pasado 6 de enero por los delitos de abuso sexual.
El fiscal a cargo de la investigación no descartó llamar a declarar a los representantes de la Diócesis de Melipilla que ejercieron el cargo antes del año 2000, debido a la serie de traslados que ordenaron del ahora imputado sacerdote.
El fiscal a cargo de la investigación Cristián Cáceres ratificó que los nuevos cargos obedecen al de una menor de Curacaví que entre los años 2005 y 2007 habría sido explotada sexualmente por el cura. Además, en un computador del imputado se encontraron fotografías de niñas desnudas, lo que serviría de prueba para acreditar los otros 7 casos investigados.
Un elemento que destacó el fiscal Cáceres es que si bien no se puede determinar una responsabilidad o encubrimiento, sí es importante aclarar los constantes traslados del sacerdote ya que en pocos años transitó por las ciudades de Curacaví, El Monte, Talagante y Melipilla.
Por ello es que el representante del Ministerio Público estudia citar a declarar a las autoridades eclesiásticas de Melipilla antes del año 2000 ya que el actual obispo, Enrique Troncoso, dijo que esta decisión pasó por sus antecesores.
De estas palabras se desprende que podrían ser citados Pablo Lizama Riquelme, quien detentó el cargo de obispo de Melipilla desde 1991 hasta noviembre de 1999 cuando fue nombrado Obispo Castrense de Chile y Rafael Vicuña Valdés que estuvo a cargo de la Diócesis hasta mayo del año 2000, ocasión en que es nombrado Enrique Troncoso Troncoso.
Hasta ahora al sacerdote Ricardo Muñoz se le acusa de 8 casos de abusos sexuales, uno de ellos con una hija fruto de la relación con Pamela Ampuero, también formalizada por facilitación a la prostitución ya que reclutaba a las menores de las cuales el párroco habría abusado y les pagaba entre 25 mil y 30 mil pesos por esos servicios sexuales, los que concretaba en moteles de Casablanca y la capital.
Frente a ello el abogado defensor del cura, Rodrigo Pérez, insistió en la inocencia de su representado, señalando que se le está enjuiciando por un aspecto moral ya que las pruebas deben ser validadas en un juicio.
Según la investigación, el sacerdote tiene dos hijos legítimos con Pamela Ampuero y se están indagando otros dos posibles casos de paternidad.
Sobre este punto y respecto de las víctimas, el abogado del Sename, Mauricio Mejías, señaló que se perseguirá legalmente hasta las últimas consecuencias al imputado.
Pese a que la defensa del imputado pidió la revisión de las medidas cautelares para solicitar su libertad, la fiscalía se opuso señalando que la audiencia se programó sólo para sumar nuevos cargos.