A más de dos décadas de la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC), Chile y Estados Unidos atraviesan una de las semanas más complejas para su relación bilateral. La llegada a Santiago de una delegación norteamericana encabezada por el representante comercial adjunto Jeffrey Getman abre intensas tratativas en torno a la sobretasa arancelaria del 12,5% impuesta unilateralmente por Washington y la vigencia del TLC.
La definición que tome Chile en esta materia será determinante para el futuro del país, no solo a corto, sino también a largo plazo. La pregunta es si prevalecerá la defensa de la institucionalidad bilateral del TLC o si, por el contrario, se cederá espacio a condiciones fuera del acuerdo. Lo anterior, en medio de presiones diplomáticas, disputas geopolíticas por la influencia en la región y ausencias en la alta diplomacia chilena.
Como recordatorio, el 24 de julio pasado, Estados Unidos comenzó a aplicar un gravamen del 12,5% a diversos productos chilenos, echando mano a la Sección 301 de su Ley de Comercio. Esta herramienta permite a Washington investigar e imponer sanciones unilaterales argumentando prácticas perjudiciales —en este caso, citando cuestionamientos vinculados a trabajo forzoso en cadenas globales—.
Actualmente, cerca del 54% del valor exportador hacia Estados Unidos se encuentra excluido de este gravamen —salvaguardando envíos clave como el cobre y el litio—. Sin embargo, la sobretasa ha golpeado directamente a sectores productivos esenciales como la industria del salmón, la madera, los vinos y diversas variedades de fruta.
En este contexto, las negociaciones actuales, lideradas por el lado chileno por la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Esteves, buscan ampliar la nómina de productos exentos. No obstante, analistas han advertido que limitar la respuesta a parches arancelarios sin exigir el respeto irrestricto al TLC puede debilitar la posición de Chile a largo plazo.
Geopolítica, defensa y la ausencia de la diplomacia de alto nivel
Las tensiones actuales se han visto alimentadas por roces previos en materias estratégicas, como las aprensiones de Washington ante la participación china en proyectos de infraestructura tecnológica (el cable submarino) y, más recientemente, discrepancias en el ámbito de la defensa.
Sobre este último punto, fue la distancia tomada por el Ministerio de Defensa chileno respecto a la iniciativa militar norteamericana “Escudo de las Américas” lo que habría generado incomodidad en la Casa Blanca. Así, la posterior difusión pública por parte del embajador estadounidense, Brandon Judd, de un documento de cooperación firmado en marzo fue interpretada por parlamentarios como el senador Manuel José Ossandón como un mecanismo directo de presión diplomática sobre las decisiones de Santiago.
A este escenario se suma la controversia por la ausencia del canciller Francisco Pérez durante estas cruciales 48 horas de negociación. Mientras la delegación de Donald Trump sostiene reuniones herméticas en Santiago, el ministro chileno efectúa una gira por Asia (recorriendo China, Vietnam y Japón). La falta de presencia del jefe de la diplomacia ha generado cuestionamientos debido a la falta de una estrategia de Estado coordinada, por ejemplo, con excancilleres. En este contexto, la gestión del ministro Francisco Pérez-Mackenna ha sumado críticas por parte de exautoridades como el excanciller Mariano Fernández, donde se cuestionó una “falta de muñeca política”.
Desde la oposición también han señalado que el prometido acercamiento ideológico entre ambas administraciones no se ha traducido en avances concretos, y se recrimina que las gestiones diplomáticas se hayan limitado a declaraciones grandilocuentes sin acuerdos tangibles, generando incluso roces con China tras definir a EE. UU. como el principal socio estratégico del país.
¿En qué consiste el Tratado de Libre Comercio entre Chile y Estados Unidos?
A diferencia de muchos otros países a los que Estados Unidos impuso aranceles, Chile tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos, promulgado e implementado en 2004. Estamos hablando de un acuerdo al que libremente llegaron ambos sin ninguna imposición, que por lo demás es una norma jurídica aplicable para los dos.
En efecto, el TLC entre Chile y EE. UU. fue un hito sumamente importante en la política exterior chilena, convirtiendo a Chile en el primer país sudamericano en sellar un acuerdo de esta magnitud con la principal economía del mundo.
En términos sencillos, el acuerdo estableció un calendario para la eliminación gradual de aranceles de importación y exportación. Al término de sus periodos de transición, el 100% del intercambio de bienes quedó libre de aranceles, otorgando certidumbre jurídica y ventajas competitivas a los exportadores chilenos.
El TLC además creó una Comisión de Libre Comercio supervisora y mecanismos formales de solución de controversias. Ante cualquier discrepancia comercial o acusación de incumplimiento, las partes deben recurrir a las comisiones bilaterales y tribunales previstos en el propio tratado, en lugar de aplicar sanciones unilaterales internas (como la Sección 301 de la legislación norteamericana aplicada en julio pasado).
El tratado también incluyó capítulos sobre propiedad intelectual, compras públicas, comercio de servicios, inversiones y estándares laborales y ambientales, comprometiendo a ambas naciones a respetar normativas internacionales previamente acordadas.
Un desafío para el prestigio y la política de Estado
El dilema de fondo que enfrenta el gobierno de José Antonio Kast no es únicamente económico o arancelario. Como señalan analistas académicos como Gilberto Aranda y exdirectores de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales como Osvaldo Rosales y Claudia Sanhueza, lo que está a prueba es la vigencia del marco de derecho internacional que ha regido el comercio del país durante las últimas dos décadas.
“Creo que lo más importante es que Estados Unidos respete el acuerdo comercial, el Tratado Libre de Comercio, que se firmó hace 20 años y corresponde por tiempo que haya una comisión administradora de ese Tratado Libre de Comercio. Chile tiene que buscar su propia autonomía estratégica”, señaló Sanhueza
Así las cosas, si bien la imposición del arancel del 12,5% responde a una decisión unilateral de Washington —y que ha afectado a varios países—, la forma en que Santiago aborda esta crisis resulta crucial. En ese sentido, aceptar negociaciones por fuera de la institucionalidad del TLC para mitigar puntos de arancel corre el riesgo de sentar un precedente en el cual la preeminencia unilateral reemplace a los acuerdos bilaterales jurídicamente vinculantes. Frente a esto, diversos sectores apelan a mantener la firmeza institucional y resguardar los acuerdos alcanzados por décadas de política exterior chilena por encima de las presiones de Washington.
Según información recabada por La Radio, las reuniones presenciales con la delegación estadounidense ya concluyeron; sin embargo, las tratativas se han mantenido bajo estricto hermetismo y hasta el momento no se han entregado detalles oficiales sobre los acuerdos o avances alcanzados. También es posible que las conversaciones continúen, aunque de forma remota por ahora.
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