La independencia no admite tutelas

El 1 de diciembre de 1991, los ciudadanos de Ucrania fueron convocados a responder una pregunta extraordinariamente sencilla: si confirmaban la declaración de independencia que su Parlamento había aprobado el 24 de agosto. Más del 90 por ciento respondió que sí.

Pienso que volver sobre aquel referéndum es una buena manera de conmemorar el 35º aniversario de la independencia de Ucrania. No porque explique todo lo que ocurrió después, sino porque establece con bastante claridad dónde comenzó esta historia.

Ucrania decidió ser independiente. Y no fue una decisión circunscripta a Kyiv o al oeste del país. La independencia obtuvo mayoría en todas las regiones. En Donetsk y Luhansk fue respaldada por más del 83 por ciento de los votantes. También obtuvo mayoría en Crimea.

Este dato resulta especialmente importante más de tres décadas después, porque muchas interpretaciones actuales tienden a reconstruir retrospectivamente la Ucrania de 1991 a partir de las divisiones políticas que aparecieron posteriormente. La realidad fue bastante más compleja.

Durante los siguientes veinte años, Ucrania tuvo gobiernos con distintas orientaciones, una enorme influencia de los grupos oligárquicos, corrupción, instituciones débiles y una relación con Rusia que atravesó períodos de cooperación y de creciente tensión. No creo que defender hoy la independencia ucraniana requiera negar ninguno de esos problemas. La soberanía no es un premio que reciben solamente los Estados que funcionan bien. Un país puede tener malos gobiernos. Puede sufrir corrupción, atravesar crisis institucionales o adoptar decisiones económicas y políticas equivocadas. Nada de eso transfiere a otro Estado el derecho a decidir en su lugar.

Es precisamente por eso que la Carta de las Naciones Unidas parte de un principio tan sencillo como importante, “la igualdad soberana de sus miembros”. Y establece además que los Estados deben abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de otro Estado. Esta regla no depende del tamaño del país, de su capacidad militar ni de la calidad de su gobierno. Tampoco establece diferentes categorías de soberanía. Ese principio permite observar la evolución de Ucrania desde una perspectiva menos ideológica y, desde mi punto de vista, mucho más útil.

La Revolución Naranja de 2004 surgió de una grave crisis electoral. Las protestas iniciadas a finales de 2013 comenzaron después de que el presidente Víktor Yanukóvych suspendiera la firma del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea y rápidamente incorporaron demandas relacionadas con corrupción, abuso de poder y funcionamiento institucional.

Sobre aquellos acontecimientos existen distintas interpretaciones políticas y seguramente continuarán existiendo. Pero en 2014 ocurrió algo que modificó la naturaleza del problema. Rusia ocupó y posteriormente anexó Crimea, mientras comenzaba el conflicto armado en el Donbás. La Asamblea General de las Naciones Unidas respondió mediante la Resolución 68/262, reafirmando la soberanía, independencia política, unidad e integridad territorial de Ucrania dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas.

La invasión a gran escala iniciada el 24 de febrero de 2022 llevó esa ruptura a una dimensión completamente diferente. Desde entonces hemos hablado inevitablemente de territorios ocupados, líneas de frente, asistencia militar, sanciones, negociaciones y garantías de seguridad. Son elementos indispensables para comprender la guerra. Pero pueden hacernos perder de vista una cuestión anterior a todos ellos.

¿Qué significa reconocer a Ucrania como un Estado soberano? Ser soberano no significa poder hacer cualquier cosa. Ningún Estado puede hacerlo. Existen tratados, obligaciones internacionales, compromisos económicos y relaciones de interdependencia que condicionan las decisiones de todos los países.

Pero esos límites son compatibles con la soberanía porque los Estados los asumen mediante tratados, instituciones y mecanismos jurídicos. Hay una diferencia sustancial entre aceptar obligaciones y que otro Estado decida cuáles deben ser nuestras opciones. Los intereses de seguridad también son reales. Rusia los tiene, Ucrania los tiene y los países europeos los tienen. Reconocerlos forma parte de cualquier análisis serio de las relaciones internacionales. Pero tener intereses sobre las decisiones de otro Estado no equivale a tener derechos sobre esas decisiones.

La distinción puede parecer teórica. En realidad, tiene consecuencias profundamente prácticas. Si aceptáramos que la ubicación geográfica, una determinada relación histórica o la diferencia de poder permiten a un Estado establecer qué decisiones internacionales puede adoptar uno de sus vecinos, estaríamos aceptando algo más que una excepción aplicada a Ucrania. Estaríamos aceptando un modelo, en el cual algunos Estados poseen soberanía plena mientras otros deben ejercerla dentro de los límites tolerados por una potencia cercana. Y Europa conoce bien ese sistema. Durante buena parte de su historia, las grandes potencias organizaron el continente mediante equilibrios de poder y esferas de influencia. Los Estados pequeños podían existir formalmente y conservar sus instituciones, pero sus decisiones fundamentales estaban condicionadas por los intereses de quienes tenían capacidad para imponerlas.

La Europa construida después de la Segunda Guerra Mundial y, especialmente, después del final de la Guerra Fría intentó avanzar en otra dirección: Estados jurídicamente iguales que aceptan limitar voluntariamente determinadas competencias mediante instituciones y tratados comunes, pero que no reconocen a sus vecinos un derecho de tutela sobre sus decisiones soberanas.

Creo que allí se encuentra el verdadero alcance europeo de la cuestión ucraniana. En junio de 2025, el European Council on Foreign Relations publicó Preventing the next war: A European plan for Ukraine, un estudio de Camille Grand, Jana Kobzová y Nicu Popescu que propone mirar más allá del conflicto inmediato.

El trabajo resulta especialmente interesante porque no fundamenta su posición solamente en la solidaridad con Ucrania. La analiza desde el propio interés europeo.

Sus autores sostienen que proteger la seguridad ucraniana, fortalecer su capacidad de defensa, avanzar en su integración europea y contribuir a su estabilidad interna responde tanto a los intereses de Ucrania como a los de Europa. Y lo sintetizan en una conclusión particularmente clara: Europa es más segura con una Ucrania soberana y próspera que con una Ucrania controlada o permanentemente desestabilizada por Rusia.

El argumento permite ir incluso un poco más lejos “Europa tiene frente a sí dos modelos posibles”.

Uno es una Ucrania estable, económicamente viable, capaz de garantizar su seguridad y de decidir libremente hasta dónde quiere avanzar en su integración con las estructuras europeas. El otro supone aceptar que Ucrania, por su ubicación geográfica y por los intereses estratégicos de Rusia, debe ejercer una soberanía diferente de la que reconocemos a otros Estados europeos.

Ese segundo escenario puede presentarse como pragmático. Puede justificarse en la necesidad de reducir tensiones, reconocer realidades geopolíticas o aceptar relaciones de poder que efectivamente existen.

Pero, implica aceptar que en Europa existen Estados con soberanía plena y Estados con soberanía condicionada.
Y ese principio no termina necesariamente en Ucrania.

Porque una vez aceptado que la capacidad militar o la proximidad geográfica otorgan a una potencia derechos especiales sobre las decisiones de sus vecinos, resulta difícil establecer dónde termina ese derecho.

La integración europea de Ucrania permite observar claramente la diferencia. Ingresar a la Unión Europea implica aceptar condiciones. Ucrania deberá realizar reformas, adaptar legislación, fortalecer instituciones y cumplir requisitos que no determina unilateralmente.

En ese sentido, integrarse significa incluso renunciar voluntariamente al ejercicio exclusivo de determinadas competencias nacionales.

Pero existe una diferencia esencial: Ucrania decidió iniciar ese proceso y lo está transitando acordemente. Puede negociar sus condiciones. Puede aceptar las exigencias necesarias para convertirse en miembro. Puede avanzar más lentamente. Y, en última instancia, puede decidir no hacerlo. Pero lo sustancial es que la decisión le pertenece. Esa es precisamente la diferencia entre integración e imposición, entre interdependencia y subordinación.

Y también es la razón por la cual considero insuficiente pensar la independencia ucraniana únicamente como una cuestión territorial.

La integridad territorial es fundamental, pero la soberanía es más amplia. Incluye la capacidad efectiva de un Estado para establecer su política exterior, elegir sus asociaciones internacionales, desarrollar sus instituciones y decidir democráticamente su orientación política.

No parece razonable defender una de esas dimensiones y relativizar las otras.

El 24 de agosto Ucrania recordó los 35 años de su declaración de independencia. Yo prefiero recordar también lo ocurrido algunos meses después. El 1 de diciembre de 1991, millones de ciudadanos, desde Lviv hasta Donetsk, desde Kyiv hasta Crimea, fueron llamados a decidir si querían que Ucrania fuera un Estado independiente.

Podían imaginar futuros muy diferentes para ese nuevo país. Podían discutir su economía, sus instituciones, su relación con Rusia o su acercamiento a Europa.

Y durante los siguientes 35 años hicieron precisamente eso. A veces acertaron. Otras veces se equivocaron. Y eso también forma parte de ser independiente.

Treinta y cinco años después, quizá la cuestión fundamental ya no sea preguntarnos qué grado de soberanía resulta posible para Ucrania dentro del equilibrio político europeo.

La pregunta debería ser otra: ¿estamos dispuestos a aceptar que en Europa algunos Estados tengan menos derecho que otros a decidir su propio futuro?

Pienso que la respuesta europea, y en paralelo la latinoamericana, sólo puede ser negativa. Y no por idealismo. Tampoco solamente por solidaridad con Ucrania. Porque aceptar una soberanía limitada para Ucrania significaría aceptar nuevamente el principio de que la fuerza, la geografía o las supuestas pretensiones históricas pueden determinar cuánto puede decidir un Estado sobre sí mismo. Y eso sería mucho más que una solución para Ucrania. Sería un modelo para Europa y en consecuencia para el mundo democrático.

En 1991, los ucranianos eligieron ser independientes. Treinta y cinco años después, cualquier alternativa que no preserve plenamente esa independencia no sería solamente una concesión sobre Ucrania. Sería una concesión sobre el principio mismo de soberanía que Europa pretende defender.

Alejandro Pundyk
Lic. en Administración, Universidad de Buenos Aires.
Descendiente de ucranianos.
Activista por Ucrania y traductor al español del libro Ecos de guerra.