Alcaldes de la Región de Valparaíso no descartan estudiar la presentación de acciones legales, por la disminución del presupuesto regional. En tanto, los jefes comunales manifestarán a la autoridad regional, su completo rechazo y repudio a la forma y fondo de la reducción de los dineros.

Hasta fines de abril acordaron el plazo para sentarse a conversar con el Gobierno y evitar la reducción del presupuesto nacional que los afecta directamente, ya que los alcaldes de la Región, se reunieron en el edificio consistorial de Valparaíso, donde acordaron rechazar de forma y fondo la reducción de los dineros, así como también luego del plazo establecido, no descartan hacerse asesorar y presentar acciones legales, en el caso que no se llegue a buen puerto en la mesa de trabajo con el Gobierno.

El alcalde y presidente regional de la Asociación de Municipalidades Mauricio Viñambres, junto con asegurar este rechazo al decreto supremo que reduce el presupuesto, asegura que la asesoría judicial es un hecho para estudiar la presentación de acciones legales.

En tanto, el alcalde de Villa Alemana, José Sabat, aprobando todo lo acordado, pidió que al momento que la mesa de los alcaldes, en conversación con el Gobierno, se incluya en financiamiento de todos los proyectos y no solamente los que deben pasar por aprobación de la autoridad regional.

De esta manera, los alcaldes repudian la manera en que el gobierno realizó la reducción del presupuesto, ya que se enteraron a través de los medios de comunicación y de forma paulatina han recibido la notificación de los proyectos que deben detener producto de la reducción del fondo regional.

A fines de abril, luego de la mesa de conversaciones con el Gobierno, inédita hasta este momento, y en el caso que no obtengan resultados positivos con respecto a la probación de sus proyectos, la posibilidad de presentar acciones legales se concretaría.

En tanto, el Consejo regional de Valparaíso manifestó su molestia frente al proceder del gobierno central de no considerarlos al momento de realizar la reducción del financiamiento regional y utilizar un decreto supremo evitando todo tipo de trámites necesarios para tal efecto.

El consejero regional, Rafael, Almarza, indicó que a pesar que la Contraloría tomó razón del decreto presidencial, no se descarta la posibilidad de hacer una revisión en los tribunales de justicia con respecto a la legalidad de lo emanado por el ejecutivo.

Por su parte, el consejero Mario Pérez, presidente de la asociación de inversiones, indicó con esta reducción, el país se detiene un año, ya que con estos dineros se financiaban proyectos del 2009, por lo que el año 2010, quedaría sin dinero para acordar nuevos trabajos.

Cabe agregar que en la sesión del CORE, donde se discutió la posibilidad de indagar la legalidad del decreto supremo, no se presentaron los consejeros de renovación Nacional ni la UDI, por lo que en la próxima sesión, se definirán los alineamientos con respecto a la manera que actuará el consejo.