Dos indocumentados de origen mexicano y con enfermedades mentales serán liberados luego de 5 años en la cárcel, anunció el miércoles la Unión Estadounidense de Derechos Civiles (ACLU por sus siglas en inglés), al sostener que se les negó a ambos el debido proceso.

Las autoridades de inmigración, que buscaban la deportación de los dos mexicanos presos en California (oeste) desde 2005, liberarán en las próximas horas a Guillermo Gómez Sánchez y José Antonio Franco González bajo la supervisión de sus familiares, indicó la ACLU en un comunicado.

“Nos complace que el gobierno haya acordado poner en libertad a estos dos detenidos después de años de detención injustificada, pero seguimos preocupados por el destino de muchos otros detenidos que siguen perdidos en el sistema penitenciario de inmigración debido a sus discapacidades mentales”, declaró Ahilan Arulanantham, director de derechos de los inmigrantes y la seguridad nacional de la ACLU en el Sur de California.

Franco González de 29 años, hijo de residentes legales en Estados Unidos, es un hombre con un severo retraso mental que le impide conocer su edad, la fecha de su cumpleaños ni mucho menos la dirección o número de teléfono de su casa. Información crucial en todas las audiencias judiciales que vivió en los últimos 5 años.

Franco González fue privado de su libertad aún cuando un juez cerró su caso migratorio hace casi 5 años cuando lo calificó de incompetente para comprender el proceso en su contra, explicó la ACLU.

Guillermo Gómez-Sánchez, de 48 años, padece esquizofrenia paranoica y se hallaba preso desde diciembre de 2005. Un juez cerró su caso dos años y medio después de que el Departamento de Seguridad Interior no le hiciera una evaluación psiquiátrica.

El caso de Gómez-Sánchez fue reabierto en 2008 y el juez autorizó liberarle pero pagando una fianza de 5.000 dólares, algo que los abogados apelaron porque el propio magistrado había indicado que el preso no representaba ningún peligro para la comunidad.

Las dos víctimas de esta falla que se repite en el sistema migratorio estadounidense, serán entregados a sus familiares y se les brindarán apoyo en centros de salud pública.

Según la ACLU, un estimado de 15% de los inmigrantes detenidos padecen enfermedades mentales.