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ONU declara inadmisible denuncia por desaparecido de la Operación Cóndor
Publicado por: Felipe Delgado
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El Comit√© de Derechos Humanos de la ONU declar√≥ “inadmisible” una denuncia de la madre de Jos√© Alejandro Campos Cifuentes, desaparecido secuestrado en 1981 en el marco de la Operaci√≥n C√≥ndor, apelativo de la coordinaci√≥n represiva existente en el Cono Sur varias d√©cadas atr√°s, seg√ļn un dictamen conocido este martes en Ginebra.

Fuente: Agencia AFP.

Por 9 votos a favor, 5 oposiciones y 4 ausencias, el fallo justifica la inadmisibilidad porque “el acto original de la privaci√≥n de la libertad” de Campos Cifuentes en 1981, fue anterior al reconocimiento por parte de Chile, en 1992, de la competencia del Comit√© para pronunciarse sobre casos individuales.

Campos Cifuentes se entreg√≥ voluntariamente al saber que el r√©gimen del general Augusto Pinochet lo estaba buscando, y el 16 de octubre de 1973 lo condenaron a 15 a√Īos de c√°rcel por “alta traici√≥n”, pero a los 2 a√Īos de estar preso la sentencia “fue conmutada por la pena de extra√Īamiento (exilio)”, debiendo buscar refugio en Dinamarca en 1976, indica la ONU.

“El 18 de febrero de 1981, la v√≠ctima y otro exiliado intentaron ingresar a Chile a trav√©s de la frontera argentino-chilena utilizando identidades falsas”, y fueron detenidos por agentes de la dictadura militar argentina, agreg√≥.

Estos agentes de la dictadura los trasladaron luego a manos de la polic√≠a chilena “en virtud de acuerdos existentes entre las fuerzas de seguridad de ambos pa√≠ses”, prosigue el relato de la ONU.

A√Īade que las justicias chilena y argentina no esclarecieron lo sucedido, y en 1991 Campos Cifuentes fue catalogado “detenido desaparecido” por la Comisi√≥n Nacional de Verdad y Reconciliaci√≥n de Chile (informe Rettig), informaci√≥n que figura en los expedientes de la “Operaci√≥n C√≥ndor”.

Chile ratificó el Pacto de Derechos Civiles y Políticos en 1976, que monitorea la situación de los Estados, y en 1992 el Protocolo facultativo que autoriza a este Comité a ocuparse de casos individuales, en la medida que hubieren agotado las instancias del derecho interno del país donde se produjo el crimen y no hayan obtenido justicia, como el de Campos Cifuentes.

Sin embargo, Chile acompa√Ī√≥ esta segunda ratificaci√≥n con una “declaraci√≥n”, advirtiendo que aceptaba esa competencia espec√≠fica del Comit√© s√≥lo para “actos” posteriores al fin de la dictadura, el 11 de marzo de 1990, poniendo al abrigo de las denuncias internacionales los acontecidos antes, es decir durante la dictadura del general Augusto Pinochet.

Interpretando que ese Protocolo Facultativo “no se puede aplicar con car√°cter retroactivo, a menos que los hechos que den lugar a la reclamaci√≥n se hayan prolongado m√°s all√° de de la entrada en vigor”, la posici√≥n mayoritaria de 9 de los 18 miembros este Comit√©, desestim√≥ el caso, aunque cinco de sus integrantes se opusieron, justificando sus votos disidentes por escrito.

Tres de ellos valoraron en un documento conjunto, que las obligaciones de Chile “inevitablemente contin√ļan”, al observar que la desaparici√≥n muestra una “continuidad de sus consecuencias negativas” y ello “es independiente del momento en que tuvieron lugar los propios actos que constituyen la desaparici√≥n”.

Otros 2 votos en disidencia cuestionaron a la “declaraci√≥n” de Chile para impedir la aplicaci√≥n del Protocolo para casos individuales cuyos “principios de ejecuci√≥n” fueran previos a 1992, m√°s a√ļn cuando el Pacto en cuesti√≥n fue reconocido por ese Estado en 1976, y la desaparici√≥n de Campos Cifuentes tuvo lugar en 1981.

Pusieron en relieve que si el delito “es imputable al Estado”, resulta √©tica y jur√≠dicamente “inaceptable” que dicho Estado “no otorgue a los familiares las respuestas necesarias para procesar el derecho al duelo”, incluso si “las personas desaparecidas fueron ejecutadas extrajudicialmente”.

Alegaron una “obligaci√≥n de resultado” para los Estados, que los pone ante la responsabilidad de admitirle a la madre de un desaparecido “el derecho de conocer” que le pas√≥ a su hijo, otorg√°ndole el “derecho a la verdad”, es decir, saber de su destino, y, por supuesto, “identificar, juzgar y sancionar a los autores materiales e intelectuales” de la desaparici√≥n.

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