La Cámara de Diputados de Argentina aprobó la madrugada del jueves el polémico proyecto de la ley de Comunicación Audiovisual, impulsado por la presidenta Cristina Kirchner, que ahora deberá ser analizado en el Senado.

El texto fue aprobado con 146 votos a favor, 3 en contra y 3 abstenciones tras más de 13 horas de debate, en las cuales el oficialismo logró aprobar la norma con el apoyo de aliados de centroizquierda, en una votación en la que estuvieron ausentes 104 legisladores de la oposición.

Los opositores de los bloques de derecha y socialdemócrata abandonaron el recinto e hicieron fuertes cuestionamientos a la legitimidad de la sesión y la modalidad utilizada por el oficialismo para sancionar la norma en poco más de 15 días.

El proyecto fue aprobado con más de 200 modificaciones de fondo, algunas sustanciales, como la prohibición a las empresas telefónicas de participar en el negocio de la televisión por cable.

Al cerrar el debate, el jefe de la bancada oficialista, Agustín Rossi, calificó de “sabia” la decisión de la mandataria de eliminar a las telefónicas, que permitió el voto favorable de los bloques de centroizquierda.

El legislador insistió además en que la aprobación de la ley permitirá terminar con los monopolios en los medios de comunicación, pero quienes cuestionan la iniciativa argumentan que se trata de un intento del gobierno de controlar a la prensa.

De sancionarse, la ley reemplazará a la actual legislación que data de la última dictadura (1976/83).

Para obtener el apoyo de la centroizquierda, el Gobierno también accedió a aumentar de 5 a 7 los integrantes de la comisión que será autoridad de aplicación de la nueva ley, evitando así que el Poder Ejecutivo tenga mayoría en esa entidad, que tendrá carácter autárquico.

La filial argentina de la española Telefónica criticó el miércoles en un comunicado la marginación del negocio de la TV por cable y aseguró que “representa un obstáculo para el desarrollo de Argentina y su inserción en el mundo de las comunicaciones”.

De aprobarse la norma, las empresas deberán deshacerse de sus canales de aire o de cable en el plazo de 1 año, porque estará prohibido que el dueño de un canal de aire tenga además uno de cable en la misma zona.

Entre las empresas afectadas está el principal grupo multimedios del país, Clarín, un crítico feroz del gobierno.

La oposición intentó sin éxito postergar el debate hasta después del 10 de diciembre, cuando el oficialismo perderá la hegemonía en ambas cámaras por la derrota que sufrió en las legislativas del 28 de junio pasado.

La iniciativa fue rechazada por entidades que reúnen a los empresarios de la prensa argentina e internacional, como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que advirtieron que el proyecto amenaza la libertad de prensa y la seguridad jurídica.

En tanto, la amplia mayoría de los sindicatos que nuclean a los trabajadores de prensa la respaldan.

El proyecto garantiza, entre otras cosas, el acceso a 1/3 del espectro audiovisual a organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro, y el resto se reparte entre el Estado (medios públicos) y los medios privados comerciales.

La iniciativa cuenta asimismo con el respaldo del relator especial de la ONU sobre la protección y promoción del derecho a la libertad de opinión y expresión, el guatemalteco Frank La Rue. (AFP).