Por orden del ministro de Defensa Alberto Espina, el Ejército denunció a la justicia castrense la filtración a la prensa de la operación de inteligencia denominada “Topógrafo”, en que se espió a militares activos y en retiro que se encontraban denunciando casos de corrupción contra altos mandos. La Corte Suprema, por su parte, evalúa pedir información a los ministros de Corte que autorizaron las escuchas telefónicas que realizó el Ejército.
El pasado viernes mientras Radio Bío Bío preguntaba insistentemente a las autoridades del Ejército y de Gobierno sobre estos hechos para informar a los auditores, el ministro de Defensa Nacional, Alberto Espina, habló con el comandante en Jefe del Ejército, Ricardo Martínez Menanteau.
Diálogo en que nuevamente la máxima autoridad de la institución castrense le explicó al secretario de Estado los detalles de lo que ya a esas alturas se sabía a nivel periodístico: la operación de inteligencia Topógrafo de 2017, que tuvo como centro espiar -previa autorización de un ministro Corte de Apelaciones de Santiago- a dos militares activos y dos en retiro.
La obra de inteligencia era la herencia del espionaje que se habría iniciado un año antes y que tenía como objetivo una serie de medidas intrusivas contra el periodista y escritor Mauricio Weibel, que se encontraba justamente escribiendo un libro sobre corrupción en el Ejército.
Para esto, según la información existente, luego de recibir el visto bueno del ministro Mario Carroza, el Ejército recibió desde las compañías de teléfonos la copia de las líneas en tiempo real del capitán Rafael Harvey Valdés y el cabo primero Sergio Andrés Tudesca Órdenes.
Además, se sumaron las líneas de otros dos militares en retiro, el teniente coronel (r) Carlos Farías Ramírez y del sargento (r) Juan Pablo Díaz Pino.
La luz verde de la justicia al espionaje se habría amparado en que la Dirección de Inteligencia del Ejército habría señalado que tenían dudas sobre si estos funcionarios estaban filtrando a civiles información sensible de la institución, por ende, poniendo en riesgo la seguridad nacional.
No obstante, no se hizo mención, aparentemente, que los cuatro militares han denunciado desde hace un lustro el actuar corrupto de oficiales del alto mando.
Tema importante si consideramos que la aplicación de la Ley de Inteligencia efectivamente contempla la inteligencia y contrainteligencia, pero en ningún caso puntos como el actuar corrupto de las autoridades militares.
El ministro de Defensa, Alberto Espina, lejos de entrar al fondo de este debate, puesto que recordó que la Ley de Inteligencia lo castiga con pena efectiva si habla de las operaciones que realizan organismos como la DINE, sí aclaró que tras preguntarle al actual comandante en jefe del Ejército, le ratificó que la pesquisa de la información se hizo de forma regulada.
Sin embargo, Espina señaló que el viernes en medio de las solicitudes de información como la de Radio Bío Bío, le solicitó a la autoridad castrense denunciar ante el 2º Juzgado Militar de Santiago la filtración a la prensa de los informes de inteligencia.
“Lo que a nosotros nos parece un hecho delicado es que se puedan filtrar antecedentes que dicen relación con labores de los servicios de inteligencia de nuestro país. El día domingo envié al Ministerio Público militar un oficio, en el que le solicito que se haga parte de esa investigación”, señaló.
El tema es sensible para la administración Piñera, pensando que al actual presidente se le pinchó ilegalmente su teléfono cuando era senador en 1992 y como resultado surgió el caso Kiotazo, en que el empresario Ricardo Claro reveló las conversaciones obtenidas por el Ejército en un programa de televisión de Megavisión.
El presidente de RN, Mario Desbordes, tomó distancia de una defensa irrestricta al actuar de la Dirección de Inteligencia del Ejército, al sostener que es necesario que se explique lo que se quiso hacer, aún cuando se gestó con una orden legal de una Corte.
El senador independiente, Pedro Araya, pidió explicaciones al Ejército y al resto de las Fuerzas Armadas, incluyendo la Corte Suprema.
“Que expliquen qué fue lo que ocurrió en esta situación y que señalen bajo qué criterios el Ejército está utilizando la Ley de Inteligencia. Y no solo el Ejército, sino el resto de las instituciones armadas”, exigió.
“También creo que es importante que se pueda invitar al presidente de la Corte Suprema a fin de que nos pueda clarificar con qué criterio las Cortes de Apelaciones están entregando las autorizaciones de la Ley de Inteligencia, dado que al parecer por la información que se ha filtrado, se está hacendo un mal uso de la ley”, sentenció.
El presidente de la comisión de Defensa de la Cámara, diputado de Revolución Democrática Jorge Brito, en entrevista con el programa Podría Ser Peor de Radio Bío Bío, cuestionó la inteligencia real del Ejército.
“Yo creo que la Dirección de Inteligencia del Ejército puede realizar este tipo de medidas, pero contra quienes administran armamentos, porque se perdió armamento del Regimiento de Arica, en San Bernardo en 2015, en Famae este año, entonces ¿dónde estaba Inteligencia? Ahí debió haber estado o en los $2.400 millones que el cabo Cruz jugó en el casino Monticello”, cuestionó.
Otro de los miembros de la comisión de Defensa de la Cámara, la socialista Maya Fernández Allende, apuntó a que ésta es la instancia para aclarar lo sucedido.
El vocero de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, indicó que evaluarán en el próximo pleno pedir información a los ministros que otorgaron las autorizaciones para la operación de inteligencia.
