La Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados aprobó la idea de legislar el proyecto que reduce la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales. A juicio del Gobierno, la iniciativa es inconstitucional, mientras que gremios empresariales advirtieron efectos negativos si el texto se transforma en ley.
La propuesta legal reduce la jornada progresivamente hasta 40 horas semanales: 8 horas diarias, si se distribuye en 5 días; o bien, 6 horas 40 minutos diarias, si se hace en 6 días.
En los objetivos del proyecto se señala que la iniciativa tiene por finalidad la modificación de reglas del Código del Trabajo, para reducir la jornada de trabajo de las trabajadoras y trabajadores chilenos, lo que tendrá “un evidente aumento de la calidad de vida de la masa de trabajadores del país”.
En un sentido específicamente macroeconómico, la medida introducida por este proyecto de ley apunta a la regulación del mercado del trabajo, ya que la reducción de la jornada obligatoria de trabajo en conjunto con la regulación del salario mínimo se entienden como “un aumento de la valoración real de la fuerza de trabajo de cada persona, traduciéndose en un mejoramiento de sus condiciones de vida y de desarrollo espiritual y material, lo que redunda en la búsqueda efectiva del bien común, todo lo cual está garantizado por la Constitución Política de la República en su artículo primero”.
Adicionalmente, precisa el texto, “reducir la cantidad de horas de trabajo semanal, es una medida de relevancia que se complementa con la imperiosa tarea de acabar con el trabajo precarizado”.
Cabe agregar que esta propuesta legal, de artículo único, contiene un transitorio el cual establece que las modificaciones introducidas por la presente ley “entrarán en vigencia al inicio del año calendario inmediatamente siguiente al que se publique en el Diario Oficial y, bajo ninguna circunstancia, podrán representar una disminución de las remuneraciones actuales de las trabajadoras y los trabajadores beneficiados”.
Ministro Monckeberg no pudo intervenir
Se trató de una tensa sesión debido a que la presidenta de la instancia, la diputada del Frente Amplio, Gael Yeomans, recalcó que la citación era para votar y no recibir audiencias, por lo que el ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, no pudo intervenir.
La parlamentaria descartó que no haya habido disposición a escuchar la opinión del gobierno. Además, sostuvo que, mas allá de las críticas del oficialismo por como condujo el debate, se encuentra “tranquila porque se logró avanzar en un proyecto que necesitan con urgencia los trabajadores”.
No obstante, el diputado de la UDI, Patricio Melero, anunció en la sesión un voto de censura a la presidenta de la comisión.
En tanto, el diputado Francisco Eguiguren (RN) precisó que, si bien el proyecto está bien intencionado, en la práctica no podrá prosperar, por ser inconstitucional.
El parlamentario cuestionó a los impulsores de la norma porque, aunque “saben que el proyecto no va a ser viable, están haciendo creer a los trabajadores que estos van a avanzar en sus derechos o en una mejora de jornada, cuando saben que este no tiene ninguna viabilidad”.
Mientras, el ministro Monckeberg señaló que el proyecto tiene errores y que es incluso inadmisible por proponer temas de facultad presidencial.
No obstante, la autora del proyecto, la diputada comunista Camila Vallejo, valoró el resultado de la votación y planteó que es un primer paso para la iniciativa.
En el empresariado, en tanto, advirtieron efectos negativos si avanza el proyecto. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Manuel Melero, hermano del parlamentario gremialista, afirmó que de ser ley la iniciativa podría acelerar la automatización y aumentar la informalidad.
Ahora el proyecto deberá ser debatido en particular en la misma comisión de Trabajo de la Cámara Baja.
