Durante la mañana del miércoles, la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de Ingreso Mínimo Garantízado, cuya iniciativa crea un subsidio de 59.200 pesos para quienes ganan el salario mínimo (301.000 pesos brutos), lo que les permitirá alcanzar un monto bruto de 360.200 pesos y obtener un sueldo líquido de 301.000.
Ayer se esperaba que la propuesta finalizara su trámite legislativo, pues el martes fue aprobada por el Senado y este miércoles los diputados sólo debían revisar los cambios realizados por la Cámara Alta al proyecto original que ellos habían despachado en primera instancia.
Sin embargo, todo se entrampó por objeciones a tres indicaciones que fueron modificadas en el segundo trámite, razón por las que fueron desestimadas por los diputados.
Principalmente, la pugna se enfoca en una de ellas: la indicación que suprimía el el beneficio a las empresas con ingresos por ventas sobra las 75.000 UF (2.139 millones de pesos) anuales. Dicho apartado fue descartado por el Senado el martes, ya que buscaban aplicar el subsidio para alcanzar el Ingreso Mínimo Garantizado sin distinción entre tipos de empresas.
No obstante, dicho cambio molestó a los diputados de oposición -quienes aseguran que las grandes empresas tienen medios propios para mejorar los sueldos de sus trabajadores-, razón por la que decidieron llevar el trámite de la iniciativa a una Comisión Mixta, para así zanjar las discrepancias entre ambas cámaras.
“(Queremos que este aporte) efectivamente vaya a la pequeñas y medianas empresas. No es posible hoy día que estemos entregando un subsidio a las grandes empresas. Lo que le estamos pidiendo al Gobierno es que podamos focalizar esto tan importante en las pymes”, aseguró Alejandra Sepúlveda, diputada de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS).
En tanto, otra de las indicaciones en disputa establecía quiénes serían los beneficiarios, que hasta ahora sólo considera a trabajadores dependientes que cumplan funciones por más de 30 horas semanales.
Sin embargo, de acuerdo al diputado de Convergencia Social (CS), Diego Ibáñez, el proyecto “no contempla mecanismos para trabajadores independientes, informales o jornadas especiales”, por lo que “es una perdida de oportunidad tremenda de golpear la desigualdad en serio”.
Trabajadores discriminados
A contramano, el ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, expresó su molestia frente a la postura de la oposición, a quienes acusó de discriminar a los trabajadores de las grandes empresas.
“Los diputados de oposición le están diciendo: ‘usted no tiene derecho a este beneficio porque simplemente trabaja en una empresa que vende más’, a pesar que tiene el mismo sueldo que su vecino, la persona que vive en el barrio. Y por lo tanto lo vamos a discriminar injustamente por algo que no tiene nada que ver con él, sino más bien con la empresa en la cual trabaja. Ojalá en la Comisión Mixta haya una conversación sensata”, subrayó.
Ante dicho escenario, para resolver la disputa, ya se constituyó la Comisión Mixta encargada de discutir el proyecto, la cual se espera sesione el día lunes hasta total despacho, integrada por los diputados Alejandro Santana (RN), Patricio Melero (UDI), Marcelo Schilling (PS), Gabriel Silber (DC) y Gael Yeomans (CS).
