Los cuestionamientos a la labor de Carabineros volvieron al centro del debate. Primero, por el evidente respaldo de funcionarios a agresores en la marcha del Rechazo, durante el fin de semana. Y, en segundo lugar, luego que la tarde del lunes se viralizara un video de una golpiza protagonizada por un carabinero a un adulto mayor de 69 años en la marcha del 8M, el domingo.
Ambos episodios abrieron flancos a nivel político durante las últimas horas, particularmente en la oposición, y volvieron a abrir las opciones de una acusación constitucional al ministro del Interior, Gonzalo Blumel, por su responsabilidad en el control de la fuerza pública y, en particular, por sus fallidas directrices al general director de la institución, Mario Rozas.
Hace semanas, el Frente Amplio pidió a Blumel la destitución de la máxima autoridad uniformada bajo la amenaza de un eventual proceso de remoción en su contra, pero -una vez cumplido el plazo del ultimátum la semana pasada- los sectores más moderados de la oposición se desmarcaron fácilmente. Una alternativa que repentinamente podría cambiar de rumbo.
Por su parte, en la arena penal, el ente persecutor ya comenzó a actuar. La Fiscalía Oriente abrió ayer lunes una investigación de oficio para determinar la identidad del responsable de la agresión que sufrió el periodista de CHV, Rafael Cavada, en medio de la marcha por el Rechazo el pasado sábado.
El incidente, registrado en la comuna de Providencia, inició cuando un grupo de manifestantes atacaron con objetos contundentes al comunicador, quien relató a Radio Bío Bío que fue golpeado en varias ocasiones, hasta causarle una herida en la cabeza.
Por este motivo, la Fiscalía Local de Flagrancia Oriente tomó la declaración del periodista y solicitaron las primeras diligencias para la indagatoria, para que posteriormente la causa pase a la Fiscalía de Providencia.
Pero en base a los registros de este y otros episodios similares, diversos parlamentarios de oposición cuestionaron que Carabineros “escolte” a estas personas acusadas de agredir y, en particular, fustigaron la labor policial durante la marcha del “Rechazo”.
Uno de ellos, fue el senador y presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta, Alejandro Navarro, quien afirmó que los uniformados tuvieron una “inacción” en estos ataques. “Amenazan de muerte, ponen gas pimienta en los ojos de quienes discrepan respecto de esa marcha y Carabineros no hace nada”, remarcó.
Paralelamente, el abogado Luis Mariano Rendón, interpuso un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Santiago contra el general Rozas y el intendente de la región Metropolitana, Felipe Guevara, por considerar que se vulnera la igualdad ante la ley al considerar que los uniformados escoltan a quienes agreden.
“Está significando una grave desigualdad ante la ley, porque a otros grupos que actúan de forma similar Carabineros los reprime sin ninguna contemplación. Incluso violando los límites legales que tiene para hacerlo y llegando a casos graves de muerte y mutilación, aunque en este caso no hubo nada de ello”, precisó.
En la misma línea tomó acciones la bancada de Convergencia Social. Ayer lunes, los diputado Gabriel Boric, Gael Yeomans y Diego Ibáñez presentaron dos oficios de fiscalización: uno a Carabineros por el asesinato a Cristian Valdebenito y los actos de represión del viernes pasado. Y el segundo al ministro del Interior para que explique por qué en la marcha del Rechazo los uniformados no detuvieron a agresores. Lo mismo hizo, por su parte, el diputado y jefe de bancada del Partido por la Democracia (PPD), Ricardo Celis.
El domingo, la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, mencionó que desde el Gobierno condenan la violencia de donde venga. Una postura similar a la que expresó durante el lunes el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, quien aseguró que “no va a haber diferencia cuando exista violencia”.
No obstante, los cuestionamientos a Carabineros se extendieron al cierre de la jornada. En redes sociales comenzó a viralizarse durante la tarde del lunes un registro de evidente abuso policial contra Patricio Bao, un adulto mayor de 69 años, militante del Partido Socialista, que fue agredido con bastones retráctiles por dos funcionario en las inmediaciones de Plaza Baquedano, en calle Ramón Corvalán con Carabineros de Chile, a una cuadra de la Alameda.
En dicha escena, pese a que -de acuerdo a las imágenes- no opone mayor resistencia, los oficiales siguen agrediéndolo. Sin éxito, en medio de la golpiza, tres mujeres lo intentaban rescatar, en el contexto de la multitudinaria marcha del 8M, a la cual asistió para acompañar a sus hijas.
“Fue tan innecesaria la violencia que cayó sobre mí. Carabineros repartió lumazos a diestra y siniestra, fue imposible evitarlo”, relató la víctima en conversación con TVN.
Y si bien a última hora del lunes la institución intentó aplacar las críticas mostrando que el agredido había atacado previamente al carabinero que le dio la paliza, cuando el uniformado intentaba detener a otro manifestante, los cuestionamientos -sobre todo desde el mundo político- no cesaron.
“El video del carabinero agrediendo a un anciano es inaceptable, exige su baja inmediata y denuncia judicial y ministro Blumel debe intervenir Carabineros”, tuiteó el senador Felipe Harboe.
“Esto no puede ser tolerado. Ya no basta con dar de baja y sancionar a Carabineros participes de esta brutal agresión, es la institución entera la que debe ser intervenida. Y como este gobierno no escucha, denunciaremos internacionalmente”, volvió a arremeter el diputado Boric por medio de la misma red social.
“Mi firma a disposición”
Por su parte, el diputado Juan Santana (PS) acusó que “las golpizas contra civiles por parte de las policías van en una escalada brutal. Hoy, una de las víctimas fue Patricio Bao, adulto mayor, militante del PS en la comuna de Quilicura”.
Y el parlamentario fue el primero en volver a dar impulso a la amenaza del Frente Amplio, que tras el escaso apoyo de la ex Nueva Mayoría -la semana pasada- ya parecía estar decayendo: “Si Blumel no renuncia, pondré mi firma a disposición para una Acusación Constitucional”, advirtió.
Con todo, la detención de Bao “fue decretada legal por el Juzgado de Garantía e incluso se le decretaron medidas cautelares de firma mensual y prohibición de acercarse al lugar, en un radio de 500 metros”, aseguró el general de Carabineros, Enrique Monras.
Igualmente, la institución explicó que iniciarán una investigación interna para determinar “si el uso de la fuerza empleada se encuentra dentro de los protocolos”, explicó el uniformado.
