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Miércoles 19 febrero de 2020 | Publicado a las 05:47 · Actualizado a las 16:38
El perfil de los formalizados del caso AK-47: pinochetistas, ABC1 y fan√°ticos de las armas
Publicado por Jorge Enríquez Carrera y Matías Vega.
Con información de Daniela Forero-Ortiz.
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Un matrimonio penquista y un padre con su hijo figuran involucrados en el caso de la venta ilegal del f√ļsil AK-47 y municiones, que ha conmocionado a la opini√≥n p√ļblica en los √ļltimos d√≠as. Todos residentes en el barrio alto de Santiago y simpatizantes de derecha.

En el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago se formalizó a cinco personas por el delito de porte y tenencia de armas de fuego y municiones (Ley 17.798 de Control de Armas) en el llamado caso AK-47.

Se trata de tres hombres y dos mujeres, todos residentes del barrio alto de Santiago y, de acuerdo a lo que se pudo recabar, seg√ļn fuentes internas de la investigaci√≥n, los cinco ser√≠an simpatizantes de derecha.

La instancia determinó prisión preventiva para uno de ellos y los restantes cuatro quedaron con medidas cautelares menos gravosas.

Para salvaguardar los resultados de la investigación, la justicia determinó mantener los antecedentes del caso en secreto.

Joaqu√≠n Vald√©s Mu√Īoz fue el √ļnico que qued√≥ preso. En tanto, para Eugenio Guti√©rrez Manzy se orden√≥ arresto domiciliario, mientras que a Carlos Vald√©s Palacios se aplic√≥ firma y arraigo nacional. Asimismo, las dos mujeres acusadas, Catalina Urrutia Searle y Valeria Bancalari Palma, recibieron arresto domiciliario nocturno.

La indagación se originó hace pocas semanas cuando la Brigada Investigadora del Crimen Organizado (Brico) de la PDI tomó conocimiento sobre la venta de un fusil AK-47 ruso, con un cargador de 36 balas, por un millón y medio de pesos.

Esto, gracias a escuchas telef√≥nicas -que revel√≥ en exclusiva Radio B√≠o B√≠o- donde se pudo constatar la participaci√≥n de dos involucrados: ‚ÄúMat√≠as‚ÄĚ, quien manten√≠a una deuda en dinero con ‚ÄúJoaqu√≠n‚ÄĚ, quien ser√≠a el sujeto que qued√≥ en prisi√≥n preventiva.

Es en ese contexto de la conversación donde apareció popular el fusil de asalto. Un arma de guerra.

Familia penquista

De acuerdo a los antecedentes que recopil√≥ BioBioChile, una de las mujeres detenidas, Valeria Bancalari Palma, tiene 40 a√Īos, est√° casada desde 2003 con un sujeto que tambi√©n estar√≠a implicado en el caso, de quien se desconoce el paradero y cuyo origen tambi√©n est√° ligado estrechamente a la capital penquista, aunque ambos se trasladaron desde Concepci√≥n a Santiago hace aproximadamente cinco a√Īos.

Este √ļltimo implicado, en su perfil de Facebook aparece con un rifle emulando el instante en que activa el gatillo, dejando en evidencia su gusto por las armas. Su nombre es Mat√≠as Ugalde V√°squez y en las escuchas telef√≥nicas ser√≠a “Mat√≠as”, comprador del arma autom√°tica.

En concreto, la mujer fue detenida el lunes en la ma√Īana en su casa en La Dehesa y, seg√ļn lo que describe una fuente cercana al caso, junto con la detenci√≥n, la Polic√≠a de Investigaciones (PDI) registr√≥ la vivienda y se llev√≥ algunos elementos determinantes para la investigaci√≥n del caso.

Finalmente, tras la formalización de ayer, quedó con arresto domiciliario nocturno.

Padre e hijo

El √ļnico de la lista de imputados que qued√≥ con la medida cautelar de prisi√≥n preventiva, Jos√© Joaqu√≠n Vald√©s Mu√Īoz (41 a√Īos), quien ser√≠a “Joaqu√≠n” en los audios publicados por BBCL, tiene residencia en Apoquindo, en Santiago. Es piloto y fan√°tico de las motos, aviones y tiene una playlist, en su cuenta de Youtube, en que muestra videos de armas y describe episodios de la dictadura de Augusto Pinochet.

El mismo Jos√© Vald√©s, que aparece como eventual vendedor en la transacci√≥n ilegal del fusil, es hijo de Carlos Vald√©s Palacios (80 a√Īos), el otro imputado en la causa, que qued√≥ con firma y arraigo nacional.

De los restantes imputados, se pudo determinar que Eugenio Gutiérrez Manzy, aparece vinculado al mundo de los helicópteros y su empresa le prestaría servicios a Conaf para el combate de incendios.

Tambi√©n ser√≠a miembro del Club A√©reo de Santiago, figura con un curso especial como subalferez en la Asociaci√≥n de Pilotos en Retiro de LAN Chile y su edad aproximada es de 65 a√Īos.

Finalmente, la otra mujer en la lista, Catalina Urrutia Searle, de 34 a√Īos, tiene residencia en Vitacura, es la cuarta de cinco hermanos y registra actividades como corredora de propiedades.

La investigación

Seg√ļn el reportaje de la Unidad de Investigaci√≥n de B√≠o B√≠o, todo comenz√≥ hace pocas semanas cuando la Brigada Investigadora del Crimen Organizado de la PDI (Brico) dio con la informaci√≥n de la venta de un fusil AK-47 ruso con un cargador de 36 balas por un mill√≥n y medio de pesos que, seg√ļn las pruebas que se han levantado, habr√≠a pertenecido al MIR.

Gracias a escuchas telef√≥nicas -autorizadas judicialmente- se estableci√≥ que ‚ÄúMat√≠as‚ÄĚ manten√≠a una deuda en dinero con ‚ÄúJoaqu√≠n‚ÄĚ y en ese contexto de la conversaci√≥n apareci√≥ el fusil de asalto.

Mat√≠as le pregunta a Joaqu√≠n por qu√© posee un arma de esas caracter√≠sticas, quien respondi√≥ que su hermana hab√≠a pertenecido al MIR y que en su familia hay varios militares, por lo que el arma era parte de un decomiso ‚Äúpara la √©poca del 73‚ÄĚ.

En la transcripci√≥n de la escucha, se lee: ‚ÄúMat√≠as le consulta Joaqu√≠n si es que ella lo quiere vender por lo que Joaqu√≠n indica que s√≠ y que el ‚ÄúHue√≥n‚ÄĚ (como llaman al AK-47), no es ‚Äúchino‚ÄĚ, es RUSO, que es de verdad y que este ‚ÄúHue√≥n‚ÄĚ lo requisaron para la √©poca del ‚Äú73‚ÄĚ (‚Ķ) y que un t√≠o abuelo se lo qued√≥‚ÄĚ, se lee en el documento que maneja la PDI y Fiscal√≠a.

Luego de ello fijan un posible precio de un millón y medio. Joaquín quedó en avisarle si su hermana estaba de acuerdo en la transacción.

La indagatoria se había iniciado en la Fiscalía Sur como una de las tantas por tráfico de armas del hampa, pero el caso debió ser trasladado a la zona oriente, que es donde viven Matías y Joaquín.

El 2 de febrero pasado ambos volvieron a sostener una conversación, la que nuevamente la grabó de forma íntegra la PDI.

A cargo de la investigación está el persecutor Andrés Iturra, de la Fiscalía Metropolitana Oriente y ahora los imputados en el caso deberán explicar el fin de la transacción ilegal de un arma de grueso calibre, bajo el contexto de la crisis social en el país.

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