El Primer Tribunal Ambiental condenó al Estado de Chile por el daño causado por los vertederos de basura irregulares en la comuna de Alto Hospicio, región de Tarapacá.
El organismo reconoció el daño ambiental en los sectores Pampa Norte, Pampa Sur, Mollecita Norte y Mollecita y también acreditó la falta de medidas de reparación.
“A raíz de esto, el tribunal decidió condenar al Estado a presentar un plan de reparación dentro del plazo de seis meses, conforme a lo establecido en la sentencia”, dijeron en un comunicado.
La autoridad ambiental constató una afectación “significativa” en los componentes del suelo y el paisaje de estas zonas afectadas, en pleno Desierto de Atacama, donde se deposita basura y desechos textiles ilegalmente.
Este fallo corresponde a una demanda interpuesta en 2022 por la abogada Paulina Silva Heredia, en contra del Consejo de Defensa del Estado y la Municipalidad de Alto Hospicio, denunciando la presencia de estos vertederos, que están en Alto Hospicio desde 2012.
La municipalidad no recibió sanciones, ya que el tribunal determinó que no hubo “falta de servicio” por su parte, aunque las medidas que tomaron respecto de los vertederos sí fueron consideradas “insuficientes”.
¿Cómo tendrá que responder el Estado por los vertederos en Alto Hospicio?
La sentencia expone que “se verificó que la acumulación masiva de residuos textiles, neumáticos, escombros y desechos de diversa naturaleza en los sectores de Pampa Norte, Pampa Sur, Mollecita Norte y Mollecita Sur generó un deterioro evidente de la calidad y funciones del suelo, afectando su capacidad ecosistémica y contaminando extensas superficies“.
La autoridad ambiental concluyó que esta contaminación compromete “funciones ecosistémicas del suelo y la integridad visual del territorio”, por lo que el impacto se consideró “grave”.
Ahora, el Estado de Chile tendrá que presentar un plan de reparación ambiental, el cual deberá contemplar un diagnóstico inicial, el retiro y manejo seguro de los residuos, la restauración de suelo, recuperación del paisaje y la prevención de nuevos depósitos irregulares.
Asimismo, se deberán generar instancias de participación y transparencia para la ejecución de este plan, y también un sistema de monitoreo y seguimiento.
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