Un 48,9% de las naves identificadas como participantes de pesca ilegal se concentra en África, de acuerdo a estimaciones arrojadas por un informe de la Coalición de Transparencia Financiera (FTC, por sus siglas en inglés).
En concreto, el informe de la FTC precisó que el 54,7% de la pesca INDNR se lleva a cabo barcos industriales y semindustriales “con bandera asiática”, mientras que el 16,1%, el 13,5% y el 12,8% recurren a pabellones de países de América Latina, África y Europa, respectivamente.
Esta práctica no solo contribuye a la sobreexplotación de los caladeros, sino que también afecta a países en vías de desarrollo que pierden cada año “miles de millones de dólares” en “flujos de dinero ilícito” vinculados a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (Indnr, sus siglas en español).
El informe de la FTC, que agrupa a once ONG, precisa que Argentina o África, por ejemplo, pierden anualmente 2 mil y hasta 11.490 millones de dólares, respectivamente, como consecuencia de la INDNR.
El documento, que lleva por título “Redes sospechosas: descubriendo las empresas e individuos detrás de la pesca ilegal a nivel mundial”, aseguró que las “diez principales empresas involucradas” concentran casi el 25% de todos los casos reportados.
Ocho de estas compañías proceden de China, una de Colombia y otra de España, según la FTC.
Consecuencias de la pesca ilegal
El análisis recordó que la INDNR conlleva que más del 90% de los recursos pesqueros mundiales “estén plenamente explotados, sobreexplotados o agotados”, de acuerdo con estimaciones de la ONU, recogidas por la FTC.
Asimismo, esta práctica, el delito “más lucrativo” contra los recursos naturales después de la madera y la minería, representa una quinta parte de las capturas pesqueras mundiales con un valor de hasta 23.500 millones de dólares.
“La pesca ilegal es una industria masiva que amenaza directamente la subsistencia de millones de personas en América Latina y el resto del mundo, especialmente quienes viven en comunidades costeras en países en desarrollo ya de por sí afectados por la pandemia de covid-19, el costo de vida y el impacto del cambio climático”, señaló en un comunicado Matti Kohonen, director ejecutivo de la FTC.
La ONG también denunció que los propietarios de los buques continúan operando con “total inmunidad” gracias, entre otras razones, a “estructuras empresariales complejas”, lo que dificulta que las autoridades los identifiquen y puedan llevarlos ante la justicia.
