El director nacional (PT) del Sernac, Juan José Ossa, valoró el requerimiento realizado por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) ante el Tribunal de la Libre Competencia (TDLC) que busca terminar con prácticas monopólicas en los servicios de telecomunicaciones en los edificios y condominios del país.

Manifestó que “tenemos la convicción que el adecuado funcionamiento de un sistema social de mercado se apoya en dos pilares fundamentales: defender la libre competencia y los derechos de los consumidores”.

Al respecto, Ossa agregó que, tras una investigación particularmente compleja, la FNE pudo concluir que se requieren cambios normativos para que se respete la libre competencia y los derechos de los consumidores en un mercado tan sensible como las telecomunicaciones.

Tal y como informó el Sernac, los antecedentes se sitúan en julio de 2010, cuando el organismo presentó una denuncia ante la FNE luego de investigar y constatar que existían contratos de exclusividad y otras malas prácticas entre inmobiliarias y empresas de telecomunicaciones que prestaban servicios de telefonía, internet y cable, y mediante un incentivo o beneficio a la inmobiliaria a la administración del edificio, se imponían como únicos operadores, impidiendo a los consumidores contratar con otra empresa y ejercer su derecho a la libre elección.

El pasado 24 de junio, la FNE le solicitó al TDLC una serie de medidas para terminar con el monopolio en los servicios de telecomunicaciones, entre ellas, que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) sólo autorice la recepción de obras de un edificio o condominio, cuando la inmobiliaria o constructora haya dado aviso a lo menos a tres compañías de telecomunicaciones la posibilidad de proveer sus servicios.

El director del Servicio Nacional del Consumidor recalcó que las medidas propuestas por la FNE ante el TDLC van en la línea correcta y enfatizó que “esperamos que todas las medidas propuestas por la FNE sean acogidas, y una vez implementadas, permitan resolver este problema en beneficio de todos los consumidores del país que se han visto durante años afectados por estas prácticas”.