El Gobierno de Chile negó en Ginebra, ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que hubiera utilizado abusivamente su ley antiterrorista en perjuicio de la comunidad mapuche.
“Los gobiernos democráticos no han aplicado la ley antiterrorista a demandas o reivindicaciones sociales de la población indígena (…) entre el año 1999 y 2009, esta ley especial se ha invocado sólo en 16 casos (…) en 2 ocasiones (…) a personas de origen indígena”, dijo en su discurso el embajador chileno Carlos Portales.
La posición chilena fue expuesta durante el debate de aprobación del informe final de su Examen Periódico Universal, un nuevo mecanismo de control donde se revisa la situación general de los derechos humanos de cada uno de los 192 Estados miembros de la ONU, y al que cada país está obligado de someterse cada 4 años.
La Unión Europea le había recomendado a Chile que revisara dicha ley, para impedir que se persiguiera “a miembros de las comunidades indígenas, en particular la mapuche, por sus actividades pacíficas de carácter político o religioso”, pero el embajador Portales negó que eso fuera cierto.
Sin embargo, una docena de Organizaciones No Gubernamentales (ONG), que pudieron intervenir en las deliberaciones, fustigaron la versión oficial chilena, en particular Danielle Mitterrand, quien acusó al Estado de Chile de criminalizar las demandas del pueblo Mapuche, aplicando una cruel represión de la que ha sido testigo, según sus palabras.
“Las protestas pacíficas que forman parte de los derechos constitucionales son continuamente reprimidas (…) en los últimos 6 años, 6 mapuches han sido asesinados por la policía, aun cuando los autores de dichos delitos están identificados, ninguno de ellos ha sido condenado”, denunció Andrea Marifil, de la Asociación Internacional contra la Tortura.
