Esta semana presenciamos cómo Chile paralizó sus actividades para sumarnos a la tarea de “saber cuántos somos” tal como invitaba la publicidad previa al Censo 2017.
En este contexto, he sido testigo de intercambios de opinión a través de distintas redes sociales sobre las preguntas incorporadas en esta versión abreviada. En lo personal, he sido partícipe del cuestionamiento de por qué se dejaron fuera preguntas sobre minorías, en especial de las personas en situación de discapacidad (PsD), si es que se puede considerar minoría al 20% de la población adulta.
Entiendo que la razón de esta exclusión se explica con la realización del Estudio Nacional de Discapacidad (II ENDISC 2015), a pesar de tratarse de una muestra y no de la población total, como es el caso de un censo nacional.
Independiente de lo fidedigno que pueda resultar dicho estudio, nuestro país mantiene una importante deuda con las PsD en cuanto a políticas públicas, aun contando con “cifras actualizadas del II ENDISC” como señalara el Ministerio de Desarrollo Social en su cuenta de Twitter en respuesta a las dudas planteadas por la ciudadanía al respecto.
En 2016, el Comité sobre Derechos de PsD de Naciones Unidas dio respuesta al informe elaborado por Chile sobre la implementación de medidas adoptadas para responder a la Convención Internacional de la ONU en esta materia, ratificada por nuestro país el año 2008. Algunas de las observaciones realizadas a Chile en su calidad de Estado Parte, se refieren precisamente al alcance de la II ENDISC, recomendando incorporar colectivos que quedaron fuera de la muestra.
Además se hicieron observaciones en el área de Educación, debido a la baja prioridad que la reforma en curso da a la educación inclusiva, prevaleciendo modelos segregadores. Asimismo, se plantea preocupación por la brecha existente entre las PsD y el mundo del trabajo, aspecto que debiera subsanarse en parte, gracias a la recién aprobada “ley de inclusión laboral”.
Es así que cabe preguntarse si la inclusión de PsD es un tema prioritario para nuestras autoridades. Tal vez, deba entonces la sociedad civil asumir mayor protagonismo en la gestión de iniciativas que favorezcan la participación social de colectivos que, necesitando con urgencia la promoción de políticas públicas en este sentido, no fueron considerados en este censo.
Si ese es el caso, el sector tanto privado como público está llamado a considerar como parte de su fuerza laboral el gran aporte de las PsD, Sin embargo, su participación en la actividad productiva del país, sólo será posible en la medida que hayan recibido preparación formal para ello y que el entorno laboral esté realmente preparado para recibirlos.
Alejandra Ríos Urzúa
Directora Diploma en Habilidades Laborales
Sede Viña del Mar
Universidad Andrés Bello
