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Reproducción social, ¿problema de mujeres o déficit democrático?

Imagen de contexto | Javier Salvo | Agencia Uno
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En un país donde los derechos sociales son más nichos de acumulación regulada para los empresarios que garantías para el ejercicio de una democracia plena, la responsabilidad de la reproducción de la sociedad representa, paradójicamente, una tarea individual. Vaciando de contenido la idea misma de derechos para la mayor parte de la población.

Actividades fundamentales para el desarrollo colectivo, como el cuidado de menores, personas enfermas y adultos mayores; o tareas cotidianas como el aseo del hogar, o la preparación de comidas, recaen de manera exclusiva en las familias. Con la expansión del mercado sobre la propia reproducción de la vida social, las estrategias para hacerse cargo de estas tareas dependen de los recursos económicos o sociales que pueda movilizar cada familia: si hay presupuesto, se podrán externalizar estas tareas en el mercado, que ofrece desde servicio doméstico a guarderías y paseadores de perros, todo pagado. Si no hay recursos, serán los integrantes del mismo hogar o sus redes familiares los que deberán hacerse cargo de estas tareas.

Si reconocemos como trabajo cualquier actividad productiva, con independencia de si es realizada en el mercado a cambio de un sueldo, o en los hogares para el beneficio de la propia familia, los datos de la primera Encuesta Nacional Sobre Uso del Tiempo señalan que mientras del total de horas trabajadas por las personas del quinto quintil, un 44,3% corresponde a actividades realizadas por fuera del mercado; en el caso de las personas del 20% de menores ingresos el 72,9% de su tiempo de trabajo diario se destina a trabajos que, siendo fundamentales para la mantención de las familias, al no reportar ningún tipo de ingreso a los hogares, son invisibilizadas y su carga y contribución subvaloradas en relación al trabajo de mercado.

Pero en este sálvate si puede cotidiano que enfrentan las familias, somos las mujeres las más perjudicadas. Hoy en Chile un hombre destina en promedio 2:44 horas al día a las labores domésticas, mientras en el caso de las mujeres son 5:53 horas diarias las que se destinan a estas tareas realizadas sin horarios, pago o reconocimiento social ni legal. Así, puesta en la balanza de las prioridades familiares, la carga de trabajo no remunerado representa para las mujeres la principal barrera de ingreso al mercado laboral y la segunda para continuar los estudios (tras las razones económicas, pero ese es otro cuento); y probablemente un factor que ayuda a comprender otras expresiones de discriminación de género, como el que solo un 26,6% de las dirigencias sindicales y un 15,8% de las diputaciones están en manos de mujeres.

En relación a los estudios, el 26,6% de las mujeres entre 18 y 40 años que actualmente no se encuentran estudiando declaran que la principal razón corresponde a las responsabilidades domésticas. Versus un discreto 1,07% en el caso de los hombres.

Por otro lado, según datos de la Encuesta Nacional del Empleo (ENE), el año 2015 se registraron 22,5 puntos porcentuales de diferencia en la tasa de ocupación entre hombres y mujeres, un dato negro para la autonomía económica, las posibilidades de ahorro previsional y, al final del día, la posibilidad de tomar decisiones de las mujeres.

Al hacer un zoom en las causas que impiden la inserción laboral, un 36,5% de las mujeres que no trabajan de manera remunerada no pueden hacerlo a causa de sus responsabilidades domésticas, mientras en el caso de los hombres, esta cifra baja al 1,6% de los casos. Muy probablemente, los $185.595 de diferencia en el sueldo promedio de un hombre por sobre el de una mujer explican en gran medida esta división sexual de las responsabilidades.

Pero tampoco todas las mujeres se ven afectadas de igual manera. Ya que mientras un 39,7% de las mujeres con educación secundaria no pueden insertarse en el mercado laboral debido a responsabilidades domésticas, en el caso de las mujeres con educación universitaria, el porcentaje baja al 7,4%.

Entre quienes sí logran insertarse en el mercado laboral la cosa tampoco mejora tanto. Ya que si bien existe una base económica, existe también una herencia cultural en la definición del quién hace qué en las familias, que no se hace cargo de que hoy las mujeres somos parte del mercado del trabajo sin haber podido dejar (o compartir) las labores de mantención del hogar. De este modo, si contamos el total del tiempo que destinan al trabajo en el mercado y en el hogar, las mujeres ocupadas trabajan en promedio dos horas al día más que los hombres7. Lo que reafirma que la inserción en el mundo laboral lejos de emancipar a las mujeres, en este contexto, refuerza la división sexual del trabajo y por tanto la doble explotación: en la casa y en el trabajo.

La mantención de estas prácticas discriminatorias, tanto en el ámbito de lo público como al interior de los hogares, revela un rechazo y una subordinación de lo femenino -muchas veces vestido de tradición o justificado con una errada concepción del cariño-, que representa la verdadera raíz de la violencia machista que hoy reporta 52 femicidios y que la política de la transición ha sido incapaz de enfrentar.

Tener estos datos en mente es fundamental al momento de hablar, por ejemplo, de la centralidad de la expansión de un sistema de educación pre escolar público, que además de la necesaria estimulación temprana de niños y niñas, es base para la inserción laboral femenina. O de la urgencia de una red pública de cuidados a adultos mayores e infantes en una sociedad que envejece y donde la obligación de la maternidad es parte constitutiva de la economía e ideología de la explotación. O de una reforma previsional que reconozca el trabajo que diariamente cientos de miles de mujeres realizan por fuera del mercado (y por ende sin posibilidad de generar ahorros), cuya demanda en muchos casos actúa como un impedimento para el desarrollo de otras actividades.

En suma, una sociedad que hace de su propia reproducción un problema individual y una oportunidad de negocios, es un freno para el desarrollo de una democracia plena, que solo puede desbloquearse a partir de la consagración de derechos sociales universales y derechos sexuales y reproductivos plenos como base para una ciudadanía efectiva.

Camila Rojas, presidenta de la FECH y militante Izquierda Autónoma
Cari Álvarez, militante Izquierda Autónoma

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