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Educación superior y la dialéctica del dinero

Archivo | Agencia UNO
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Esperanzados en que el retorno de la democracia traería consigo la desmercantilización de la educación, miles de chilenos, familias y estudiantes, han visto que transcurridos 26 años, esta característica del sistema educativo se ha agudizado y las cifras que el Estado entrega a privados -sin regulación y menos pedir cuentas-, no tiene límites.

En democracia, los políticos no han querido reversar esta situación y plantearon grandes transformaciones en sus programas de gobierno. Sin embargo transitaron a relatos ambiguos, donde la dialéctica del dinero es la que determina las decisiones políticas y el uso de los cuantiosos recursos del Estado, que van a parar a bolsillos privados, en un sistema educativo cada vez más segregado y mercantil.

Los próceres del discurso concertacionista transitaron desde el Gobierno hacia el sector privado y, desde ahí, defienden lo que en los hechos, es la matriz del modelo, la privatización de la educación. Sergio Bitar, exministro de Educación, creador del Crédito con Aval del Estado (CAE), instrumento que profundizó el subsidio a la demanda, hoy miembro del Consejo Consultivo para la Reforma a la Educación Superior; Pilar Armanet, exjefa de la División de Educación Superior del Mineduc, ahora rectora de la Universidad de Las Américas (Grupo Laureate), y presidenta de la Corporación de Universidades Privadas.

Ésta última agrupación reúne a 17 instituciones, todas ellas sospechosas de lucrar, asociadas a inmobiliarias y capitales extranjeros; Julio Castro, sucesor de Armanet en la División de Educación Superior del Mineduc, presidente de la Junta Directiva del Grupo Laureate; Hugo Lavados, exministro de Economía y Superintendente de Valores y Seguros, rector de la Universidad San Sebastián. Más agudos defensores del modelo socioeconómico, que mantienen y justifican la situación actual de la educación superior como J.J. Brunner desde la academia, y Gutenberg Martínez desde la política.

Del otro lado, los ex ministros del expresidente Piñera -quien ni se arrugó en catalogar la educación como un bien de consumo-, Harald Beyer, exministro de Educación, hoy director del Centro de Estudios Públicos -think tank de Eliodoro Matte-, Joaquín Lavín, exministro de Educación, ligado a la Universidad del Desarrollo, y Teodoro Ribera, exministro de Justicia, a la Universidad Autónoma de Chile, paladines de la contraparte. Todos defensores de la educación provista en la lógica de mercado.

El 2015 más de $1 billón (1.543.751.523.000) fueron transferidos por el Estado a las instituciones de Educación Superior (Ues, IP y CFT), a través de becas, créditos y aportes basales. Considerando sólo becas y créditos, las universidades privadas se llevaron recursos por un 55,6%, y 44,4% las del Consejo de Rectores; cuatro universidades privadas (Autónoma, UNAB, San Sebastián y Santo Tomás) se adjudicaron 65,6% de las platas del CAE, por $273 mil millones. Actualmente el 35% del financiamiento del Estado a las Instituciones de Educación Superior, está asignado al CAE, fondo que no ha dejado de crecer desde 2006, en desmedro del Fondo Solidario. El IP AIEP del Grupo Laureate, propietarios de la UNAB, Universidad de Las Américas y Universidad de Viña del Mar, recibió más dinero por becas que 15 de las 16 universidades estatales, situación similar al CFT INACAP.

El endeudamiento de la actual generación, según la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras es de $1.118.179.288.131, más aquellos 110 mil estudiantes morosos que deben al Fondo Solidario -ex Crédito Fiscal- $300 mil millones, esto sin considerar la deuda generada por los desertores del sistema. Cuántos jóvenes egresados y titulados, acumulan deudas que los comprometerán de 15 a 20 años. Qué pasa con los cesantes o aquellos que se subemplean y no consiguen las expectativas de ingresos cifradas en sus carreras. Todos estos deudores pasarán rápidamente a integrarse a la larga lista de Dicom y serán los parias del sistema financiero.

La realidad es poco alentadora para quienes tenemos la convicción de que la educación es un derecho y como tal, el Estado no sólo tiene que garantizar el acceso, sino la estructura del sistema y las condiciones para los aportes fiscales.

Las universidades privadas, creadas desde 1981, en su mayoría están asociadas a entidades inmobiliarias, desde donde extraen las utilidades del negocio de forma ilícita. Los IP y CFT, por ley están habilitados para lucrar y sin embargo, reciben recursos del Estado.

Son mayoritariamente las universidades del Consejo de Rectores de Universidades Chilenas, estatales y privadas, las que generan bienes públicos como investigación científica, transferencia tecnológica y una vinculación consistente con el medio, que materializa la retribución que tanto las instituciones como sus integrantes le deben a la sociedad. Estas son las universidades, que en este sistema mercantil, han tenido que competir en desventaja, con regulaciones y sin la montaña de dinero para marketing, que les permita expandir su matrícula exponencialmente. Lo más sintomático e inentendible, es el abandono gradual del Estado, propietario de 18 de las 27 universidades del Cruch.

La reforma a la Educación Superior prometida por la Nueva Mayoría arriesga un rotundo fracaso. Demasiado dinero en juego e interesados en que nada cambie. Sabemos que el dinero no tiene ideología y en Educación Superior, tampoco fronteras, lo decepcionante es constatar que su dialéctica ordenadora, tiene en el poder político demasiados custodios.

Roberto Bravo Galleguillos
Académico de la Universidad de Los Lagos

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