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Cambian de tribunal la indagación por presunto fraude de doctores de Clínica Santa María

Archivo | Agencia UNO
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El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago se declaró incompetente para analizar la presunta estafa inmobiliaria que habría cometido un grupo de doctores de la Clínica Santa María, por más de $1.200 millones.

Se trata del endocrinólogo Eduardo Bobadilla López y el hematólogo y director de cine Alberto Daiber Vuillemin, junto a la síndico de quiebra Rosita Acuña Valenzuela, quienes son acusados de apropiarse de manera fraudulenta de dos bienes raíces en la edificación ubicada en Camino El Yunque, comuna de Lo Barnechea, avaluados en 25 mil Unidades de Fomento (UF) cada uno.

El caso se inició luego de que la víctima, el empresario Francisco González Castro, presentara una querella a través de sus abogados Alejandro Peña, Vinko Fodich y José Antonio Villalobos, tras fallidos intentos por recuperar los montos defraudados en el área civil.

Según se establece en el libelo, en agosto de 2007 los imputados celebraron un contrato de promesa de compraventa con el afectado a través de la inmobiliaria Proan S.A., que tenía por objeto el traspaso de los dos bienes raíces, que serían entregados a Inversiones Río Abril Limitada, de propiedad de González.

Sin embargo, según Fodic, “se realizaron diversas maniobras engañosas y fraudulenta por parte de los involucrados, para impedir el cumplimiento de los contratos de promesa celebrados, y de esta manera, defraudar a su representado”.

Para el abogado defensor, Jorge Balmaceda Morales, las frustradas demandas civiles que han interpuesto con anterioridad desde la parte querellante, demuestran que los médicos acusados no tienen ninguna deuda pendiente.

Debido a que los hechos ocurrieron en la comuna de Lo Barnechea, la causa fue derivada al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.

Este artículo describe un proceso judicial en curso. Existe la posibilidad de que los cargos sean desestimados al finalizar la investigación, por lo cual NO se debe considerar al o los imputados como culpables hasta que la Justicia dicte sentencia en su contra (Artículo 4 del Código Procesal Penal)
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