Ángela Fuentes, joven bailarina que fue esposada en una estación Santa Isabel del Metro presentó tres acciones judiciales con las que pretende buscar una sanción a la empresa, asegurando que fue una reacción desmedida por parte del personal de seguridad.
La universitaria fue esposada en una baranda tras sostener un confuso incidente con personal de seguridad de Metro.
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Juan Pablo Rivera, abogado de la estudiante, afirmó que la medida contempla una presentación civil, una acción por ley del consumidor y una querella en contra quienes resulten responsables por la agresión, además del pago de una indemnización por los daños físicos y psicológicos sufridos.
Por su parte, Ángela Fuentes relató que el día en que ocurrieron los hechos, había recibido inyecciones en su espalda, por lo que solicitó al personal de seguridad del transporte capitalino, utilizar la salida para personas con movilidad reducida, situación que le fue negada. Esto dio origen al conato y posterior retención.
Desde Metro desistieron abordar la presentación de las acciones judiciales, mientras no conozcan en detalle la presentación realizada por el equipo jurídico de la joven que ya había protagonizado una situación similar cuando Carabineros le retiró un amplificador portátil con el que realizaba una intervención artística en la vía pública.
Tras presentar las acciones judiciales, la joven realizó una intervención artística afuera del Centro de Justicia donde relató la situación vivida en abril al interior del subterráneo.
