A través de un informe elaborado en septiembre por un interventor, quien se dedicó a evaluar el funcionamiento de la empresa del Transantiago Subus, se determinó una serie de factores internos y externos que propiciarían el cambio del contrato vigente con el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

Así lo confirmó La Tercera en su edición impresa, en donde se aseguró que hay diferencias en la flota de buses que mantiene en funcionamiento la empresa en contraste con la solicitada para cumplir con el plan operacional. La congestión en vías, afirman, habría aumentado los costos de combustible, programación y mano de obra.

Lo anterior permitió que desde el Ministerio se hiciera una revisión excepcional de los contratos con Subus, para establecer un pago de 38 mil millones desde el 2017 hasta el 2020 en cuotas anuales, situación que será revisada esta tarde por los beneficiados.

Esto fue posible pues la actual concesión permite la modificación de los contratos con el fin de “restablecer el equilibrio económico de los operadores y garantizar sostenibilidad“, aseguró el vespertino.

El senador Andrés Allamand calificó como un “salvataje” esta modificación de contratos, culpando directamente al ex ministro de la cartera, Andrés Gómez-Lobo. “La información disponible era que la revisión ordinaria había llegado a puerto muerto, porque el ministerio ofrecía solo entre $12.000 y $14.000 millones de mayor pago”, declaró al medio.

En junio del pasado año, Subus se acogió a la ley de de insolvencia y reemprendimiento debido a una deuda de más de $90 mil millones, en donde deberá vender cinco de sus terminales antes que culmine la licitación vigente y que le permitiría recibir más de $32 mil millones.