Millonarios pagos al hijo del anterior alcalde de Talcahuano, Gastón Saavedra, realizó la empresa que pretende instalar un terminal de gas natural en el puerto. Eduardo Saavedra comenzó a cobrar documentos bancarios, hasta ahora desconocidos, luego de bajar su candidatura al sillón municipal para suceder a su padre, instalándose actualmente como concejal de la comuna.

En julio del año pasado y tras una agria disputa interna al interior de la Nueva Mayoría, las altas cúpulas del oficialismo decidieron apoyar la candidatura a alcalde de Leocán Portus del PPD. En el camino quedaba un apellido que marcó la política de la comuna durante la última década. Gastón Saavedra, el alcalde que llegó al sillón edilicio en 2008, había decidido no repostularse al cargo pensando en emprender una aventura parlamentaria. El mundo socialista contaba para ello con la carta de su hijo, Eduardo, periodista y ex consejero regional, decidido a tomar la posta de su padre.

Pero las cosas no salieron de acuerdo a lo planificado por el PS. Saavedra quedó fuera de carrera para luchar por la alcaldía y debía conformarse con buscar un cupo casi garantizado como concejal.

En forma paralela, un nuevo proyecto energético ganaba terreno en la zona. Mientras GNL Penco Lirquén (antes conocido como Octopus) transitaba una difícil aprobación en medio de incesantes protestas, el Terminal GNL Talcahuano, de la mano del DC Juan Ignacio Ugarte, buscaba su camino hacia la viabilidad.

Y lo hacía en medio de declaraciones que respaldaban la llegada de terminales gasíferos a la zona, como la que hizo el 26 de julio el propio Gastón Saavedra, pero también con el respaldo técnico y político de otro histórico profesional del oficialismo: el exmilitante socialista y exdirector de la Conama, Bolívar Ruiz Adaros.

Según datos obtenidos por Radio Bío Bío y mientras el proyecto seguía su curso en el Sistema de Evaluación Ambiental –donde había ingresado en mayo– se gestionaron pagos directos desde el proyecto a Eduardo Saavedra, mientras ya era candidato a concejal en Talcahuano.

Lo anterior a través de cheques, tres en un mismo día -el 2 de septiembre de 2016- y cobrados por caja en una sucursal de Corpbanca. Habían sido entregados por la Compañía Regional de Infraestructura (CRI), representada por Juan Ignacio Ugarte y Ernesto Vilches Van Rysselberghe. Se trata de los documentos bajo los números 224 y 225, por 1.500.000 pesos cada uno, además del número 226 por 5 millones de pesos.

El ahora concejal, Eduardo Saavedra, aceptó responder las preguntas de la radio y justifica los pagos diciendo que se trata de dineros pagados por sus servicios a CRI, empresa que impulsa el proyecto GNL Talcahuano, asegurando que por ello no existen ni conflictos de intereses ni inhabilidades.

Quien hizo los pagos, Juan Ignacio Ugarte, explica la situación confirmando que existieron contratos a honorarios con Saavedra para la empresa, asegurando que los dineros son pagos respaldados y descartando cualquier conflicto de intereses.

Pero no sólo Saavedra recibió y cobró cheques del consorcio energético. La Radio accedió a otro documento -el número 232- por un monto de 1.500.000 pesos, girado el 2 de noviembre de 2016 a nombre de Rafael Díaz Sendra, suegro del edil y también chofer de la Municipalidad de Talcahuano, hombre de la exclusiva confianza de Gastón Saavedra.

Para que el documento viniera a nombre de su suegro, el hoy concejal Saavedra, también tiene una explicación.

Sin embargo llama la atención que otro cheque -el número 231, por 1.500.000 pesos y también fechado el 2 de noviembre- sí fuera cobrado personalmente por Saavedra, al igual que como hizo su suegro al día siguiente, en la misma sucursal de Corpbanca de Mall Plaza El Trébol.

Al respecto y sobre la inusual forma de CRI de pagar honorarios con cheques abiertos, que permitieron a su empleado pedirle a un tercero que lo cobrara, Ugarte indica que es una práctica usual con funcionarios y proveedores conocidos.

Incluso sugiere preocuparse más de quién puede obtener estos documentos y violar el secreto bancario.

Tanto empleador como empleado aseguran tener pruebas de su relación laboral desde agosto de 2016, a través de contratos y boletas de honorarios a cambio de los pagos, asegurando incluso Eduardo Saavedra que el vínculo puede verificarse mediante su declaración de patrimonio e intereses ingresada a Contraloría como exigencia de su nombramiento como concejal de Talcahuano.

Sin embargo, esta declaración de patrimonio e intereses fue modificada la semana pasada, el día jueves 16 de marzo a las 23:00 hrs, pero Saavedra asegura que esto fue para agregar datos sobre una parcela que posee camino a Bulnes y no para su relación con la empresa relacionada al terminal de gas.

Cabe consignar que Radio Bío Bío obtuvo el listado de profesionales que participaron en la elaboración del estudio de impacto ambiental del terminal marítimo GNL Talcahuano, nómina donde no aparece el nombre de Eduardo Saavedra.