La Corte de Apelaciones de Concepción validó la expropiación de 250 hectáreas en la Península de Tumbes durante la dictadura, revocando un fallo de primera instancia que había restituido el terreno a sus propietarios, los miembros de la familia Sweet.
A casi tres meses de los alegatos en la Sexta Sala, fue evacuada la sentencia en el caso del predio Los Laureles, ocupado y expropiado durante la dictadura, para entregarlo a la Armada y hacerlo parte de la Base Naval en Talcahuano.
La familia de Peter Sweet, propietaria del paño ubicado en la Península de Tumbes, demandó al Estado pidiendo la nulidad del proceso expropiatorio, acogiéndose hace ocho años la acción legal, y por lo tanto restituyéndose el terreno a través de un fallo de primera instancia.
El Consejo de Defensa del Estado apeló a la Corte de Apelaciones, recurso ahora acogido, con lo que se repone la expropiación, aunque para el abogado de la viuda de Peter Sweet, Ignacio Sapiaín, con argumentos que no van al fondo del conflicto.
El argumento del Consejo de Defensa del Estado para defender la expropiación de las 250 hectáreas durante la dictadura es que, como parte de la Segunda Zona Naval, el terreno es clave para la seguridad nacional. Algo que cuestiona Gorky Díaz, abogado de los hijos de Sweet y de la ONG Seguridad Humana.
Justamente en el marco de esta demanda se conoció la venta de otro terreno en la Península de Tumbes por parte de la Armada a un privado, quien lo revendió tras el terremoto a un precio 50 veces mayor y que fue utilizado para el proyecto Mirador del Pacífico.
