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CDE intentará evitar cierre de investigación contra Van Rysselberghe por irregularidades

Pablo Ovalle | Agencia Uno
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El Consejo de Defensa del Estado (CDE) intentará evitar cierre de la investigación contra la senadora Jacqueline Van Rysselberghe, en la arista por el caso Horas Extra, donde la parlamentaria está querellada por malversación de caudales públicos. Este martes la Fiscalía comunicará su decisión de no perseverar en esa investigación.

El caso se arrastra desde 2012, cuando una serie de funcionarios de la Municipalidad de Concepción -entre ellos la hoy senadora Jacqueline van Rysselberghe y el concejal Patricio Kuhn- fueron imputados por permitir el pago y obtener sobresueldos durante las sucesivas administraciones de alcaldes UDI. Esto a través del trabajo de horas extra que la Contraloría cuestionó.

No obstante el informe del órgano contralor y una acción legal del CDE, el fiscal Nelson Vigueras llegó a la convicción de que no existían antecedentes para formalizar a los querellados, por lo que hoy comunicará en el Juzgado de Garantía de Concepción la decisión de no perseverar en la investigación.

Una de las denunciantes del caso fue la concejala Alejandra Smith, quien espera que la justicia no permita que el caso sea cerrado.

En un intento por evitar el término de la investigación, el CDE acudirá a la audiencia para pedir al tribunal que se ordene a la Fiscalía a realizar una diligencia omitida hasta ahora y que tiene que ver con que la PDI determine la cantidad promedio de horas trabajadas por los querellados, y que fueron permitidos por los entonces alcaldes Van Rysselberghe y Kuhn.

Por la defensa de la senadora Van Rysselberghe se manifestó el abogado Mario Roja, quien, si bien no quiso adelantar la estrategia ante el tribunal, indicó que no es mucho lo que el peritaje podría cambiar en la investigación de la Fiscalía.

En otra arista del caso horas extra, la única formalizada, la exadministradora municipal Cecilia Jaque, llegó a un acuerdo con el Ministerio Público para suspender el proceso a cambio del pago de los dineros recibidos, una suma estimada por el fiscal Vigueras en 130 mil pesos.

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