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Justicia solicita informes por toma ilegal de terrenos en Barrio Norte de Concepción

Laguna Lo Galindo | Pablo Contreras H | Wikimedia Commons
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La Corte de Apelaciones de Concepción requirió informes al Serviu, a la Gobernación y a la Municipalidad, sobre la denunciada efectuada por vecinos del sector Lo Galindo, en Barrio Norte, quienes denuncian estar enfrentando un complejo escenario por tener que convivir con una toma, sin que las autoridades adopten medidas para terminar con la ilegal situación.

La justicia dio un plazo de 8 días para que informen a las reparticiones de gobierno, responsables de que un centenar de familias se haya instalado sin permiso alguno en un terreno fiscal del sector.

Con los antecedentes que entreguen las autoridades, la Corte resolverá la solicitud de vecinos, quienes han visto disminuida su calidad de vida por los efectos que la toma ha tenido, generando focos de delincuencia u de insalubridad.

Incluso se advierte, en el recurso de protección, que el movimiento de tierra para ampliar la superficie del terreno propiedad del Serviu está poniendo en riesgo las viviendas del lugar, por la amenaza de aluviones que una intensa lluvia podría generar.

Al respecto, la directora regional del Serviu, María Luz Gajardo, indicó que está en licitación un estudio para conocer la estabilidad del paño y así dar seguridad a los vecinos afectados. “Nosotros comprometimos en febrero que íbamos a realizar una mecánica de suelos, que nos permitiera verificar las condiciones del terreno y qué tipo de obras son necesarias para la seguridad”, explicó.

Consultada sobre la ilegalidad de la toma y la permanencia de las familias en el terreno, la directora del Serviu indicó que pueden dar soluciones habitacionales sólo a quienes abandonen el lugar y postulen a los distintos programas de subsidios.

María Luz Gajardo evitó pronunciarse sobre la responsabilidad de la Gobernación en este tema y lo que se habría informado a los vecinos afectados, quienes indican en el recurso de protección que el Serviu les aseguró que como organismo pidieron el desalojo de la toma, pero que por consideraciones sociales la autoridad provincial no podía actuar.

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