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Investigan a martillero por presunto vínculo a venta de vehículos robados en Concepción

ARCHIVO | Agencia UNO
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La Fiscalía de Concepción informó que investiga a un martillero presuntamente vinculado a la comercialización ilegal de vehículos robados, hecho por el cual dos hombres fueron llevados a juicio.

Fue ante el Tribunal Oral que las defensas cuestionaron que se acusara a sus clientes y no a la persona que falsificó los papeles que permitieron la venta de los autos.

Se debe precisar que los juicios se desarrollan paralelamente en el Tribunal Oral penquista.

En el primero, el ingeniero comercial Ilich Chopa es imputado por receptación y estafas reiteradas, además de uso malicioso de instrumento privado mercantil falsificado. Mientras que en el segundo, que concluyó este jueves, Rony Becerra fue declarado culpable sólo por el delito de receptación.

En ambos casos, las defensas aseguraron ante los jueces que sus clientes fueron meros intermediarios y que detrás de la venta ilegal de automóviles estaba el martillero Alfredo Martínez Seguel.

Sin embargo, el abogado no fue investigado, a pesar de haber sido la persona que entregaba los documentos para las transferencias de propiedad de los vehículos ante el Registro Civil. Así lo señaló Carlos Concha, a cargo de la defensa de Ilich Chopa.

El abogado Concha subrayó en que los antecedentes en contra del martillero fueron entregados durante la investigación de la Fiscalía, intentando evidenciar el desconocimiento que su representado tenía sobre la calidad de robados de los vehículos.

Consultada la Fiscalía, se precisó que el martillero Alfredo Martínez sí es investigado -de manera desfomalizada- por falsificación de instrumento público, en relación con la venta de vehículos robados. Sin embargo, se explicó, se hace en causas separadas de las que hoy son materia de juicios en el Tribunal Oral penquista.

Este artículo describe un proceso judicial en curso. Existe la posibilidad de que los cargos sean desestimados al finalizar la investigación, por lo cual NO se debe considerar al o los imputados como culpables hasta que la Justicia dicte sentencia en su contra (Artículo 4 del Código Procesal Penal)
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