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Viña del Mar: Municipio pide audiencia con ministra de Vivienda por situación de campamentos

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La municipalidad de Viña del Mar solicitó una audiencia con la ministra de Vivienda ante la situación de los campamentos que afectan a la ciudad.

Tema que para la alcaldesa de la ciudad, Virginia Reginato, ya no sólo es un problema municipal sino que tambien es un tema de Estado.

Dicha opinión la dio a conocer luego de sostener una reunión con vecinos del campamento Felipe Camiroaga, tras las manifestaciones que realizaron durante el desarrollo del Festival de Viña.

En dicha ocasión, los vecinos pusieron nuevamente en el tapete los problemas que afectan a la ciudad jardín con su otra cara, no la de los índices positivos en materia de turismo, no la de ciudad bella, sino la que la única liderando como la ciudad con más campamentos en el país.

Al respecto la primera autoridad, afirmó, que han hecho todo lo que han podido como Municipio pero ésta es una situación que ya no pueden seguir afrontando y es el Gobierno el que debe tomar cartas en el asunto. Para lo cual, ya se ha solicitado una audiencia con la ministra de Vivienda.

En tanto, respecto al caso en particular del campamento Felipe Camiroaga, informó que se han sostenido reuniones permanentes con los vecinos y se les ha buscado soluciones a los problemas.

Es así como se realiza la recolección de basura en el lugar y se les entrega agua en camiones aljibe, pero se ha hecho complejo el tema de dotar de energía eléctrica al lugar debido a que los terrenos son de privados.

Pese a las dificultades, Reginato aseguró que el municipio trabaja en buscar la soluciones, en ese marco se dio la reunión que sostuvieron con estos vecinos en la que participaron junto a la empresa eléctrica Conafe, tras la cual se comprometió un nuevo encuentro.

Reunión en la cual se convocará a instituciones como el Serviu, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), Conafe y la Secretaría Regional Ministerial de Energía.

Además, se espera la asistencia de la empresa Quiscal, la cual es dueña de los terrenos privados en los cuales vivien gran parte de las familias y quiénes -según se pudo conocer- el 21 de agosto de 2015 y el 3 de marzo de 2017 habrían prohibido el ingreso de la empresa eléctrica a sus terrenos.

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