Cerrado se encuentra el sumario administrativo que instruyó realizar a la Municipalidad de Quintero la Contraloría Regional tras detectar que los permisos otorgados a la inmobiliaria Riviera Limitada a cargo de las obras de un proyecto turístico de la cadena colombiana Decameron, se habrían entregado fuera de la legalidad.
Así lo confirmó el Alcalde Mauricio Carrasco, quien informó que tras la revisión que realiza el departamento jurídico podría conocerse su resolución en los próximos días.
Enfatizó, además, que se trata de un sumario administrativo que sólo busca determinar si hubo faltas a los procedimientos para otorgar esos permisos, por lo que no tienen la facultad en el marco de este proceso, para decir si los permisos son o no legales.
Proyecto inmobiliario Decameron sufre nuevo traspié: Fue rechazado recurso de protección
Respecto a lo que sucede al interior del terreno donde se emplazaría el proyecto, dijo desconocer lo que allí se hace y que tras acogida la denuncia de movimientos de tierra en el área; que calificó de no menores, porque corresponderían a demarcado de caminos.
También señaló que consultó al Departamento de Obras del Municipio respecto de la situación, y se le confirmó que no hay autorizaciones para construcción por parte del titular y que las faenas podrían corresponder a movimientos internos del particular.
Cabe recordar que Contraloría Regional detectó irregularidades en la otorgación de los permisos a la firma, mientras ésta ha insistido en continuar con el proyecto llevando una lucha legal para desestimar este oficio del ente regulador, lucha que hasta el momento ha sido infructuosa, porque en fallo unánime, a mediados de noviembre, fue rechazado el recurso de protección que buscaba impugnar el dictamen de Contraloría que se pronunciaba sobre las irregularidades en el otorgamiento de los permisos de edificación y que ratificaba las condiciones de caducidad del permiso.
Traspié que ratificaba el fallo de inicios del mes de septiembre de este año, donde la Corte Suprema, igualmente, rechazó el recurso de protección interpuesto por la compañía en contra del Contralor Regional y del Seremi de Vivienda por afirmar que los permisos de obras otorgados a la inmobiliaria no estaban vigentes.
