Por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Magallanes interpuso una querella criminal en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas, haciéndose parte así de la causa iniciada en 2001 por las ciudadanas indonesias Eva Anggraeni y Laila Nur, quienes denunciaron ser víctimas de explotación laboral por parte del empresario indio Pishu Lakhwani y de Mónica Nandwani.

Si bien dicha causa se había archivado en 2012, el pasado 8 de junio la justicia ordenó su reapertura, informó el INDH en un comunicado de prensa.

El objetivo de la acción legal es que se investigue la presunta participación de Lakhwani y de Nandwani. Según el relato de las víctimas, fueron traídas al país bajo engaños a través de una agencia laboral indonesia.

Una vez estando en Chile, ambas fueron atemorizadas en diferentes sentidos, primero sin otorgarles una remuneración por diez meses, sin darles el abrigo necesario para sobrevivir al frío de Punta Arenas, dándoles comida sólo si sobraba, reteniéndoles sus documentos e incomunicándolas de sus familias en Indonesia, hechos que denunciaron en junio de 2011, cuando escaparon de la casa de su empleador dando cuenta a las autoridades de un posible acto de esclavitud.

La querella del INDH solicita a la justicia que se determinen las responsabilidades del caso, que se disponga que la Brigada Investigadora de Trata de Personas de la PDI se haga partícipe en la investigación del caso; que se despachen requerimientos internacionales para entrevistar a las familias de las denunciantes y a las agencias de empleos con las cuales se habría gestionado su venida a Chile; y finalmente, que se emitan documentos oficiales respecto de sus actas de nacimiento, dado que la edad de ingreso a Chile de Laila Nur sería el antecedente que favoreció la reapertura del caso.

La querella fue interpuesta el pasado 15 de junio, siendo acogida a tramitación por el Juzgado de Garantía de Punta Arenas.

Este artículo describe un proceso judicial en curso
Existe la posibilidad de que los cargos sean desestimados al finalizar la investigación, por lo cual NO se debe considerar al o los imputados como culpables hasta que la Justicia dicte sentencia en su contra.
(Artículo 04 del Código Procesal Penal)
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