La Corte de Apelaciones de Temuco revocó la modificación de medida cautelar que el pasado viernes se había aplicado a la machi Francisca Linconao, una de las once personas imputadas por el homicidio del matrimonio Luchsinger MacKay, ordenando su reingreso a la cárcel.

La decisión fue asumida por la unanimidad de los integrantes de la Primera Sala del máximo Tribunal de Justicia de La Araucanía, tras oír los alegatos en una audiencia pedida por el Ministerio Público, luego que el pasado viernes el juez de Garantía en Temuco, Luis Olivares, resolviera modificar la prisión preventiva que pesaba sobre la imputada, reemplazándola por arresto domiciliario total.

El fiscal de la Fiscalía de Alta Complejidad (FIAC), Luis Arroyo, junto con destacar la decisión, reiteró que la machi imputada, sí tuvo participación en los hechos que derivaron en la muerte del matrimonio Luchsinger MacKay el 3 de enero del año 2013.

El abogado Jaime López, de la Defensoría Penal Pública Mapuche, rechazó la decisión de la Corte, insistiendo que no hay antecedentes en la investigación, que justifiquen la medida cautelar.

Una vez despachada la decisión desde la Corte de Apelaciones al Juzgado de Garantía, el juez de turno debe emitir el “cúmplase” instruyendo a personal policial para que procedan a la detención de la imputada y la trasladen al Centro Penitenciario Femenino en Temuco, desde donde había salido el pasado viernes.

En la jornada además, la Defensoría Penal Pública Mapuche ingresó una denuncia en el Juzgado de Garantía de Temuco y un recurso de amparo en la Corte de Apelaciones por “interceptaciones telefónicas” que afectaron a dos de sus abogados, según precisó el jefe de esta repartición, abogado Pablo Ardoain.

Agregó que si bien el recurso y la denuncia incluyen a dos abogados, además hay escuchas telefónicas a los abogados Jaime Madariaga de la Barra y Marco Ravanal. Este último del Instituto Nacional de Derechos Humanos.

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Carlos Martínez | RBB
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Carlos Martínez | RBB
Este artículo describe un proceso judicial en curso
Existe la posibilidad de que los cargos sean desestimados al finalizar la investigación, por lo cual NO se debe considerar al o los imputados como culpables hasta que la Justicia dicte sentencia en su contra.
(Artículo 04 del Código Procesal Penal)