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Ministra Delpiano: “Sería el caos” poner fin al CAE y becas sin gratuidad al 100%

Agencia UNO
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La reforma a la educación superior, uno de los ejes de las reformas comprometidas durante la campaña de Michelle Bachelet, ya se concreta a través del proyecto anunciado anoche por la presidenta y que ha recibido numerosas críticas.

De la iniciativa se dice que tendrá que ser parcial en sus objetivos, en la medida de que no existen los recursos para alcanzar la totalidad de lo prometido.

En el anuncio se realizó un llamado a discutir con alturas de miras, dejando de lado los intereses de cada una de las partes involucradas. Sin embargo, por filtraciones de minutas y otros documentos se han conocidos detalles.

Por ejemplo, la ministra de Educación, Adriana Delpiano, ya aclaró que las becas y el Crédito con Aval del Estado (CAE) van a persistir en el sistema de educación superior mientras no se alcance la gratuidad universal.

El proyecto todavía no es ingresado a la Cámara de Diputados, y algunas fuentes indicaron que esto podría retrasarse eventualmente para mañana martes.

Adriana Delpiano, luego de participar en el comité político realizado en La Moneda hoy lunes, indicó que todavía no tienen claro el día en el que haga la presentación general del proyecto de ley, debido a los inconvenientes que existen respecto de la tramitación de la iniciativa de nueva educación pública.

Este proyecto se encuentra en la Cámara Baja y debe ser votado en sala para ser despachado al Senado y generar el espacio legislativo para que ingrese la última que conforma la reforma educacional.

Sin embargo, las críticas se han sucedido durante los últimos meses, gatilladas por la filtración de las minutas y las presentaciones que ha hecho el Ministerio de Educación con diferentes actores como rectores, parlamentarios y estudiantes reunidos en la Confech.

Entre los puntos más cuestionados destacan los que se relacionan con el modelo de financiamiento que se seguirá realizando para las instituciones de educación superior.

Precisamente, en lo anterior cabe la mantención del CAE y las becas. Esto, indicó la ministra Delpiano, se mantendrá en el sistema de educación superior hasta que se alcance la gratuidad universal, fijada de acuerdo a una cierta cantidad de parámetros económicos de crecimiento que debe cumplir el país.

Actualmente, el proyecto de ley establece la gratuidad solo hasta el sexto decil a contar de 2018, esto si la iniciativa avanza de acuerdo a los tiempos legislativos que contempla el Ejecutivo.

Según estimó la ministra Delpiano, sería un caos eliminar las becas y los créditos.

“No es eterna promesa. Yo creo que ya tenemos 137.000 alumnos este años, y tiene establecida la ley cómo se sigue avanzando. Por lo tanto, como dijo la presidenta, éste es un compromiso que llegó para quedarse […] Los apoyos estudiantiles van a existir mientras no se entre 100% a la gratuidad, porque si no sería el caos“, dijo la secretaria de Estado.

A los cuestionamientos planteados por las universidades estatales se han sumado las universidades del G9 (no estatales que están dentro del Consejo de Rectores). Éstas acusan que están siendo discriminadas porque no recibirán la misma cantidad de recursos que las universidades estatales, entendiendo que cumplen el mismo rol público.

El presidente del G9 y rector de la Universidad Católica de Valparaíso, Claudio Elórtegui, incluso ironizó con que se estaría volviendo a la “excavadora” y “quitando los patines” a este tipo de instituciones, ya que el proyecto de ley es establecería además que no se les seguirían entregando aportes basales.

“Que prevalezca la sensatez. Esto es un retroceso, y hemos vuelto a las primera minutas del tipo refundacional […] Yo le diría que aquí, desgraciadamente, ha vuelto la retroexcavadora y a nosotros nos están sacando los patines”.

En cuanto a las voces que prevalezcan en la discusión, Elórtegui espera que “no sea que el que grita más es al que le va mejor o tiene más capacidad de presión. Nuestras universidades, durante estos dos años, hemos observado que parece que no tenemos mucha acogida en los planteamientos que hacemos”.

Desde la oposición también reaccionaron a lo que se ha conocido del proyecto, indicando que la iniciativa mantiene la discriminación. El diputado UDI Jaime Bellolio, integrante de la comisión de educación, aseguró que no se puede centrar la discusión del proyecto en la falta de recursos para un tipo de instituciones versus la otra. Esto, ante la división que se ha generado al interior del Consejo de Rectores entre las universidades estatales y privadas del Cruch.

“Hasta ahora lo que hemos visto, más bien, son peleas con respecto a los recursos. Nosotros creemos que no es la plata lo que tiene que determinar cómo tiene que ser el sistema de educación de superior. Hoy hay un debate importante sobre las universidades estatales versus las otras universidades del Consejo de Rectores. Algunos pretenden derechamente que sea el RUT del Estado lo que implica que algo sea de calidad, y eso es algo equivocado”, señaló el parlamentario

Otro de los cuestionamientos generados por rectores de las universidades privadas es la supuesta pérdida de autonomía que significará la creación de la Superintendencia de Educación Superior, ente encargad de fiscalizar que se respeten normas y que no exista lucro.

El rector de la Universidad Alberto Hurtado, Eduardo Silva, cree que estas regulaciones que se están instalando en el proyecto de educación superior son mínimas y, bajo ningún efecto, podrían afectar la autonomía.

“Hay una diferencia entre la regulación y la mala regulación. Estamos esperando una buena regulación. Yo lo que veo son regulaciones básicas buenas. No tengo por qué pensar que la Superintendencia va a acabar con la autonomía de los proyectos universitarios. Me parece que lo que se ha dicho de control de la matrícula y después fijar los aranceles me parece razonable”.

Respecto al debate sobre si el lucro debe ser penalizado con cárcel, la ministra Adriana Delpiano sostuvo hoy que se van a mantener las sanciones hacia el retiro de utilidades, al menos de manera administrativa, agregando que en la actualidad las instituciones de educación superior no deben lucrar. Sin embargo, será la Superintendencia la encargada de fiscalizar aquello, indicando que se podría llegar a una sanción penal si es que se configura el delito de apropiación indebida.

Sin embargo, dentro de las normas que establece el proyecto sobre el tema del lucro, no se considera un castigo automático a quienes hagan retiro de utilidades. En primera instancia se debe comprobar si existe retiro irregular, y se les dará la oportunidad a los sostenedores de restituir los montos en el caso de que así lo determine la Superintendencia. Para los parlamentarios de la Nueva Mayoría, esto es “tibio” para poder controlar el lucro en la educación superior.

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